De 10 regidores panistas en el cabildo poblano, seis manifestaron su respaldo y solidaridad al expresidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, quien fue sancionado con 25 millones de pesos e inhabilitado hasta 12 años por el Congreso del Estado debido a que no solventó su cuenta pública 2013.

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria de cabildo, Guadalupe Arrubarena García, leyó un documento firmado por sus compañeros, entre ellos, Juan Carlos Espina, Adán Domínguez, Miriam Arabián, Marco Castro Martínez y Miguel Méndez.

Quienes no secundaron el posicionamiento fueron Magali García Huerta, Carlos Cobos Marín, Oswaldo Jiménez López y Félix Hernández Hernández.

Arrubarena García hizo evidente que la decisión de sancionar a Eduardo Rivera fue por órdenes del gobernador pasado, quien no se ha ido del poder pese a que concluyó oficialmente su mandato.

Sostuvo que los regidores firmantes muestran su solidaridad no sólo a Rivera Pérez sino a todos aquellos ciudadanos que no han aceptado someterse a las prebendas de quien anda desatado, buscando la candidatura a la presidencia de la república.

“Queremos que quede bien claro. Si bien nos indigna el servilismo del congreso del estado y del ya tristemente célebre auditor David Villanueva Lomelí, al sancionar ilegalmente e infundadamente al exalcade de este municipio, no es ello lo que motiva nuestra intervención por muy grave que sean estas resoluciones.

Aclaró que lo realmente trascendente es evidenciar que el pasado sexenio fue una clara muestra de hostigamiento, persecuciones, marginaciones, intolerancia y que anuncian el totalitarismo con el que ha de gobernar en caso de conseguir la candidatura y luego la presidencia de la república.

PRI se suma al respaldo

Asimismo, el regidor del PRI, Iván Galindo manifestó su respaldo, a título personal, a Eduardo Rivera, por la persecución de la que ha sido objeto.

“Quisiera referirme al fondo de la intervención de la regidora, me parece anómalo y sospecho el proceso de revisión de las cuentas públicas del presidente municipal (2011-2014). Me parece apresurada y oculta cómo sesionó el congreso para analizar esta cuenta pública y lo hace parecer tendencioso, por decir lo menos, un ajuste de cuentas y garrote político”.

Detalló la disparidad de criterios que emplea el Congreso para analizar una cuenta pública (Lalo Rivera) y dé celeridad a la del ejecutivo del estado.

Al final, hizo votos para que la auditoria y diputados actúen sin sesgo político: “No es meter las manos al fuego, que se examine como lo hicimos en esta administración en la entrega -recepción”.