La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) denunció este miércoles que hubo 31 contratos relacionados con la empresa israelí NSO Group y su programa de espionaje Pegasus desde 2011 a 2018 por un monto de 1.970 millones de pesos.
“Estos 31 contratos involucran al Gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña«, afirmó Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia.
La denuncia ocurre tras revelarse el 18 de julio una investigación de medios internacionales que destapó que varios países espiaron 50.000 teléfonos con Pegasus, de los que 15.000 casos fueron en México durante el Gobierno de Peña, la cifra más alta.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció una indagatoria, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había revelado que los gobiernos anteriores, desde el de Calderón, pagaron un contrato de 32 millones de dólares a la empresa israelí del programa, NSO.
Pero la SSPC realizó una nueva investigación que descubrió 16 contratos en los archivos de la Policía Federal, dos en la Secretaría de Gobernación, siete en el órgano de Prevención y Readaptación Social que administra las cárceles, dos en el Servicio de Protección Federal, y cuatro más en el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
“Para sus transacciones, la empresa israelí usó otras compañías fachada, llevando a cabo así una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del Gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia”, afirmó Rodríguez.
La secretaria aseguró que «bajo la protección» del Gobierno de Calderón «operaba» el entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien ahora «está preso en una cárcel en Nueva York» y «está reconocido por sus prácticas de espionaje».
También acusó al Gobierno de Peña Nieto de «mantener esta actividad ilegal durante todo su sexenio».
“(El espionaje) violó la intimidad de periodistas, de políticos de luchadores sociales, de empresarios, de defensores de derechos, de servidores públicos, de legisladores», enunció.
La funcionaria aseveró que entregará la información a la FGR para la investigación, mientras que el presidente Andrés López prometió que los contratos «se subirán a la red para que todos tengan la información».
Aunque López y su familia fueron víctimas de espionaje, el mandatario ha rechazado indagar de forma directa a sus predecesores, y en su lugar ha pedido participar en la consulta popular del 1 de agosto que preguntará sobre violaciones de derechos humanos de sexenios pasados.
En tanto, Rodríguez replicó la promesa del presidente de que el Gobierno «ya no espía».
«Este nuevo Gobierno tiene como premisa fundamental la libertad y la transparencia, aquí no espía a nadie, se acabó la persecución política y el espionaje”, sostuvo.
