Mientras que un juez de control otorgó una orden de aprehensión a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX) contra el exdiputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra menores, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al exdiputado federal Mauricio Toledo y a una supuesta red de prestanombres que incluye a otros tres exservidores públicos, por enriquecimiento ilícito.
Además, en el caso de Toledo, la FGJ-CDMX prepara una solicitud de ficha roja para su detención y extradición, pues se encuentra en Chile desde el pasado 26 de julio.
Las autoridades también buscan al morenista Saúl Huerta, investigado por abuso sexual en agravio de menores, en sus domicilios de la Ciudad de México y Puebla, una vez que un juez de control emitiera una orden de aprehensión, a menos de 24 horas de que fuera despojado de su inmunidad parlamentaria.
Según fuentes, el exlegislador se encuentra en la Ciudad de México y, alrededor de las 21 horas del jueves, agentes de la fiscalía capitalina catearon, sin éxito, la casa de su esposa, localizada en la reserva territorial Atlixcáyotl, en Puebla.
La señora Guadalupe Lezama, madre del menor que presuntamente fue violado por el legislador poblano en un hotel de la Ciudad de México el pasado 21 de abril, reconoció que teme que el agresor se dé a la fuga.
Toledo, en medio de una red
Desde abril pasado, la FGR investiga a Mauricio Toledo y a una supuesta red de prestanombres que incluye a otros tres exservidores públicos, por enriquecimiento ilícito.
Fuentes ministeriales confirmaron que la investigación de la FGR apunta a movimientos bancarios de Toledo Gutiérrez, de sus familiares, prestanombres y empresas vinculadas al exfuncionario por más de 577 millones de pesos.
La carpeta de investigación derivó de la denuncia presentada desde el 19 de abril pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Los datos con que la UIF presentó su denuncia surgieron luego de que la FGJ-CDMX solicitó a la oficina encabezada por Santiago Nieto Castillo que investigara las finanzas de Toledo Gutiérrez y de sus allegados.
Luego de entregar su reporte a la fiscalía capitalina, la UIF llevó el caso al ámbito federal, pues detectó depósitos por 223 millones 948 mil 238.02 pesos y retiros por 354 millones 720 mil 290.43 en las cuentas de Toledo Gutiérrez, sus prestanombres y empresas.
En la denuncia, la UIF señaló que Toledo Gutiérrez, otros tres exservidores, cuatro particulares y cuatro empresas más cometieron actos de corrupción, pues la conducta fue efectuada cuando el exdiputado federal fue delegado de Coyoacán y diputado local.
Los tres exservidores públicos acusados por la UIF son: Francisco Mendoza Esparza, exdirector Jurídico de la delegación Coyoacán; Silvia Verónica Inzunza Gastélum, subdirectora de área en la delegación Coyoacán y en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, y Jesús Sánchez Pita, asesor en la ALDF.
