La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la objeción de conciencia en la Ley General de Salud (LGS), debido a que el Congreso de la Unión no estableció parámetros claros para ejercer este derecho, pese a que los ministros reconocieron que esta figura es constitucional.
Por ello, los ministros retomarán el tema el martes para establecer qué lineamientos deben incluir los legisladores federales y enviarán un exhorto al Congreso para que corrija la ley.
La objeción de conciencia es la figura por la cual el personal de salud puede negarse a participar en ciertos procedimientos por razones ideológicas, religiosas o éticas y fue incluido en la LGS desde 2014.
Desde la semana pasada, el Pleno de la Corte reconoció que este derecho es constitucionalmente válido pero los ministros observaron que el Congreso únicamente estableció que no puede ser ejercido cuando la vida del paciente esté en riesgo o cuando se trate de una urgencia médica.
Al respecto, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, advirtió que la objeción de conciencia es comúnmente utilizada por personal médico para no practicar abortos, lo que puede ser utilizado como una herramienta para impedir a las mujeres ejercer su derecho a decidir, mismo que fue reconocido por la Corte hace dos semanas.
El proyecto de resolución fue realizado por el ministro Luis María Aguilar Morales, quien propuso avalar la objeción de conciencia tal como está en la LGS y establecer una interpretación en la sentencia que dicte el Máximo Tribunal para que sea considerada por el sector salud y los jueces y tribunales, según sea el caso.
Sin embargo, este lunes, el ministro Zaldívar insistió en que dejar la LGS tal como está puede implicar un riesgo en perjuicio de las mujeres.
“Reconocer la validez de este precepto en la forma amplia como está en la ley, establecer una objeción de conciencia que no tiene más límites que los casos de urgencia y riesgo de la vida es dar un cheque en blanco para que se nieguen los servicios de salud, particularmente tratándose del aborto, en contravención de otros derechos humanos que la constitución reconoce”, dijo.
