En la víspera de cumplirse el vigésimo octavo aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, excandidato presidencial del PRI, su asesino, Mario Aburto Martínez, promovió una demanda de amparo en la que asegura fue víctima de tortura desde el momento de su detención.
La demanda fue aceptada por un tribunal federal y en ella, el hoy sentenciado se queja de que la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido omisa en indagar los tratos crueles e inhumanos de los que, asegura, fue víctima a partir del 23 de marzo de 1994, fecha en la que privó de la vida a Colosio Murrieta en Lomas Taurinas, Tijuana.
La demanda de garantías fue admitida desde el pasado 18 de marzo bajo el número 232/2022 por el juzgado segundo de distrito en materia de amparo penal del primer circuito, a cargo de Antonio González García.
El impartidor de justicia federal se abstuvo de conceder a Aburto Martínez una suspensión provisional que implicaría ordenar al agente del ministerio público federal aperturar una indagatoria por tortura y optó por establecer el 28 de marzo de este año como fecha para decidir si le otorga o no una suspensión definitiva ante el acto que reclama.
El reclamo de Mario Aburto consiste en que la autoridad investigadora nunca ha iniciado ninguna indagatoria contra aquellos funcionarios públicos que lo torturaron.
Además, busca quedar inscrito en el Registro Nacional del Delito de Tortura con el fin de que dentro de las acusaciones que se formularon en su contra, también quede constancia de que fue torturado y por lo tanto, se invaliden los cargos por los que fue sentenciado a 45 años de cárcel, tras ser declarado culpable del delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía.
Durante el actual sexenio, Mario Aburto Martínez, preso en el Centro Federal de Readaptación Social 12, en el estado de Guanajuato, ha recurrido a varias instancias, autónomas, judiciales y del poder ejecutivo para invalidar su sentencia y recobrar su libertad.
«Batalla legal» de la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que dirige Rosario Piedra Ibarra, anunció que iniciará una batalla legal contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), para lograr que en todas las resoluciones de ese Instituto se imponga la prevalencia de los derechos humanos.
A través de un comunicado, el organismo aseguró que el INAI, que encabeza Blanca Lilia Ibarra Cadena, “ha estado pretendiendo que la CNDH dé cuenta de elementos de prueba que serían clave en la apertura de una investigación de los hechos sucedidos el 23 de marzo de 1994 (por los que Mario Aburto está preso), por lo que vamos a iniciar una batalla legal para lograr que en todas las resoluciones de ese Instituto se imponga la prevalencia de los derechos humanos, es decir, el interés de aquellas personas que tienen la calidad de víctimas”.
Aclaró que “la CNDH declara su respeto al INAI, en su calidad de garante del acceso a la información, pero reclama respeto a su calidad de garante de los derechos humanos. No puede ni debe haber contradicción entre una y otra tareas.
