El equipo de abogados de Genaro García Luna, envió una carta al juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, solicitando que prohíba el testimonio del Héctor Villarreal Hernández, testigo del Departamento de Justicia sobre presuntos sobornos de su defendido al periódico El Universal.
“Sería engañoso para el jurado que el gobierno (de Estados Unidos) presente evidencia de los esfuerzos del acusado para mejorar su reputación por medio de sobornos a El Universal”, indica la misiva firmada por los abogados, César de Castro, Florian Miedel, Valerie Gotlib y Shannon McManus.
En el juicio por narcotráfico y colusión con el Cártel de Sinaloa contra García Luna, los fiscales del Departamento de Justicia en mociones antes de que iniciara el proceso judicial, habían adelanto que presentarían evidencias de sobornos del acusado a editores de medios de comunicación y a periodistas de México, para evitar una cobertura negativa sobre él como Secretario de Seguridad Pública.
Dirigida al juez Brian Cogan con copia a los fiscales, le carta establece como argumento central a que se prohíba parte del testimonio de Villarreal Hernández sobre presuntos sobornos a la prensa que García Luna era un funcionario famoso, frecuentemente mencionado en los periódicos y en general los medios de comunicación.
“Hace sentido revisar este asunto ahora, especialmente porque el gobierno en su moción original no dijo nada sobre sus intentos de presentar (como evidencia de prueba) artículos de periódicos o la sustancia de historias”, destacan de los abogados del acusado.
Los fiscales del gobierno estadunidense, en sus mociones también habían antepuesto que en el juicio demostrarían que García Luna desde su puesto de poder amenazó a “una mujer periodista” por publicar información que relacionaba al Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón con narcotraficantes.
En oposición a esas mociones los abogados de García Luna incluso revelaron que la periodista presuntamente amenazada era Anabel Hernández.
“Está racionalidad no tiene sentido, por qué historias periodísticas negativas sobre García Luna y sus esfuerzos por suprimirlas por medio de sobornos impedirían que se presenten testimonios de que él era un personaje famoso en México”, insisten los abogados.
La defensa de García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y Secretario de Seguridad Pública de Calderón, pedía al juez Cogan argumentar como contraste a la posición de los fiscales admitir argumentos para destacar la relevancia de su defendido en los medios de comunicación cuando formaba parte del gabinete presidencial.
“Esto parece ser una salida por una puerta trasera por parte del gobierno para presentar los reportes periodísticos que acusan de corrupción (basados en lo que escuchaban o por obviedad) a García Luna”, sustenta la defensa del asesor de Calderón.
Al juez Cogan le anotan los defensores legales que si se admite el argumento de los fiscales de noticias negativas sobre su cliente, entonces la Corte también debería aceptar como evidencia de ellos presentar artículos periodísticos que hablan bien de García Luna.
“El hecho es que no son relevantes ni admisibles (para el caso) los artículos periodísticos negativos ni positivos sobre García Luna”, subrayan al juez los abogados del acusado.
De Castro y sus colegas resalta que es el jurado calificador del juicio los que tiene la última palabra y con sustento en las evidencias de prueba de las dos partes, para determinar una vez que concluya el proceso judicial si el acusado es culpable o inocente.
“Lo que crean algunos periodistas mexicanos no importa y es potencial y profundamente perjudicial. Los artículos (o incluso testimonios sobre la sustancia de esos artículos no deben ser admitidos”, apuntan los abogados de García Luna.
Es más, De Castro y sus colegas añaden que los esfuerzos por sobornar a un periódico para detener la publicación de artículos negativos “no implica conciencia de culpabilidad” como los fiscales quieren sentenciar en el juicio.
Enfatizan que el testimonio de Villarreal Hernández es falso porque tiene que ver con la afectación a su reputación de los artículos periodísticos positivos sobre García Luna.
“Una demanda civil contra un periódico por detener la publicación de historias falsas sería lo más adecuado, pagar sobornos para obtener resultados rápidos no necesariamente significa que García Luna admita como verdad esos alegatos, de hecho; lo opuesto es verdad”, rematan los abogados del Secretario de Seguridad Pública de Calderón.
En las siete audiencias que van del juicio con el acusado presente, los fiscales han presentado a testigos cooperantes y protegidos que han declarado ante el juez y el jurado que periodistas y medios de comunicación de México estaban al servicio del Cártel de Sinaloa, en especial de la fracción de Arturo Beltrán Leyva.
