La propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado preocupación debido a sus posibles repercusiones laborales y económicas. La iniciativa afecta a más de 127,000 empleados del sistema judicial, incluidos 6,711 jueces y magistrados de los poderes judiciales estatales y federales, quienes podrían perder sus trabajos si se aprueba la reforma. Esta medida no solo crea inestabilidad laboral sino que también implica costos significativos relacionados con indemnizaciones y posibles litigios laborales.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en 2023 los poderes judiciales locales empleaban a 73,000 personas, mientras que el Poder Judicial de la Federación contaba con 54,388 empleados. La reforma podría afectar gravemente la estabilidad laboral de estas 127,388 personas en los 33 poderes judiciales del país.
La destitución de 5,025 jueces y magistrados estatales, así como de 1,686 jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, generaría costos significativos para el erario público. Estos costos estarían relacionados con demandas laborales, litigios internacionales e indemnizaciones por la pérdida de derechos adquiridos y garantías de inamovilidad en el cargo.
Ricardo Mendoza, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (INCAM), señala que existe un nerviosismo considerable entre los empleados judiciales debido a la incertidumbre sobre sus contratos laborales y las posibles liquidaciones. Esta situación es especialmente preocupante para aquellos con décadas de servicio en el sistema judicial.
El personal sindicalizado de los juzgados y tribunales también enfrenta el riesgo de despidos injustificados. La Corte ha expresado preocupaciones sobre que los nuevos jueces y magistrados podrían evaluar al personal de apoyo (secretarios, actuarios, oficiales judiciales) basándose en criterios políticos o de afinidad ideológica, en lugar de la calidad de su trabajo.
El 6 de junio de 2024, trabajadores del Poder Judicial de la Federación enviaron una carta a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México, solicitando ser considerados en la reforma judicial. Más de 32,000 trabajadores sindicalizados manifestaron su incertidumbre laboral y económica ante la posible aprobación de la reforma.
Según la organización civil Laboratorio Electoral, las autoridades electorales a nivel federal y local manejan un presupuesto considerable. La elección de nuevos jueces y magistrados podría costar alrededor de 22,000 millones de pesos, cifra que podría haberse destinado a mejoras en la función judicial u otras áreas estratégicas del Estado.
En conclusión, la propuesta de reforma judicial ha suscitado un amplio debate sobre su viabilidad y los efectos negativos que podría tener en términos de empleo y costos económicos. Los actores implicados han solicitado alternativas más efectivas para garantizar la independencia y la imparcialidad del sistema judicial sin recurrir a medidas que generen inestabilidad y altos costos.
