Animal Político realizó un conteo que indica que al menos 35 aspirantes a cargos públicos fueron asesinados durante el proceso electoral. Gálvez cuestiona la veracidad de las cifras del gobierno, argumentando que excluir a los aspirantes no registrados oficialmente distorsiona la realidad de la violencia electoral y evita reconocer que el proceso fue uno de los más violentos en la historia del país.
Además, la senadora panista también denunció la supuesta intervención del crimen organizado en las votaciones, mencionando específicamente una casilla en Durango dominada por la familia de ‘El Chapo’ Guzmán, donde el 100% del padrón votó por Morena.
En respuesta a esta situación, Gálvez ha presentado una iniciativa de ley en el Senado de la República para que, en futuras elecciones, el presidente o la presidenta de México puedan ser sancionados con hasta 50 años de prisión por violar las leyes electorales. Esta es la segunda vez que Gálvez acude al Senado tras su derrota en las elecciones presidenciales, buscando reforzar la legislación contra la violencia política y la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.