Según un informe reciente del Ministerio del Interior talibán, entre 800 y 900 menores de edad se encuentran actualmente en las cárceles de Afganistán. La cifra fue confirmada este domingo por el director de la Administración de Penitenciarías, Mohamad Yusuf Mastri, quien detalló que el total de prisioneros en el país oscila entre 10.000 y 11.000. De estos, alrededor de 2.000 son mujeres y niños.
Las recientes declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación por el trato a los prisioneros bajo el régimen talibán. Menos de dos semanas antes, Safiulá Jalalzai, jefe de comunicaciones del servicio penitenciario talibán, había confirmado a la cadena Amu TV que algunas mujeres presas estaban condenadas por «escapar de sus hogares», una violación de las estrictas normas islámicas impuestas por el régimen.
Organizaciones humanitarias internacionales han criticado duramente el trato a los prisioneros y la falta de garantías en los procesos judiciales en Afganistán. Esta situación ocurre en un marco de severas restricciones contra las mujeres en el país. En julio, Richard Bennett, relator de la ONU sobre derechos humanos en Afganistán, advirtió que los talibanes podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad contra mujeres y niñas, describiendo la situación como un «apartheid de género».
La opresión hacia las mujeres ha ido en aumento desde que los talibanes tomaron el poder. En diciembre de 2022, se prohibió a las mujeres asistir a universidades, y en abril de 2023 se cerraron las academias privadas para niñas. Desde entonces, las adolescentes han enfrentado matrimonios forzados, violencia doméstica y angustia psicológica, con un creciente número de suicidios entre ellas.
Además, la ONU ha condenado una nueva ley de moralidad promulgada por los talibanes que impone severas restricciones a la conducta personal de las mujeres. La ley prohíbe a las mujeres hablar en voz alta en lugares públicos, entre otras restricciones. La representante Especial de la ONU para Afganistán, Roza Otunbayeva, expresó su preocupación por las amplias facultades otorgadas a la policía de la moral para vigilar y sancionar a las mujeres.
Este conjunto de leyes, que abarca 114 páginas y 35 artículos, detalla las severas limitaciones a la libertad de expresión femenina y legitima la persecución de quienes infrinjan las normas.
