En respuesta a la reciente resolución de la juez de distrito Nancy Juárez, quien ordenó la eliminación de la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que no se retirará dicha publicación, argumentando que la juez carece de atribuciones para emitir tal orden. Además, anunció que se presentará una denuncia contra la juez ante el Consejo de la Judicatura.
La presidenta Sheinbaum destacó que esta situación evidencia la falta de acción del Consejo de la Judicatura y expresó su preocupación por la impunidad en la que podría quedar el asunto. «No queremos que quede en la impunidad; hay una juez que, por encima de su función, está pidiendo que se baje la publicación en un proceso legislativo», subrayó, recordando que la reforma fue publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a solicitud del Congreso.
Durante una conferencia, Sheinbaum anunció la preparación de un segundo paquete de reformas al Poder Judicial, que incluirá modificaciones a la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia. Este nuevo conjunto de reformas establecerá plazos perentorios para juicios en materia mercantil relacionados con el impago de impuestos, que deberán concluir en un máximo de seis meses, a diferencia del prolongado proceso actual que permite múltiples amparos.
Por su parte, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, criticó las atribuciones que algunos jueces se han arrogado para suspender el proceso de reforma judicial. Godoy enfatizó que no existe en el sistema jurídico una disposición que permita cuestionar la facultad del Congreso para realizar reformas constitucionales.
Además, Sheinbaum mencionó que la orden de la juez implica prisión de 3 a 9 años por incumplimiento, lo cual, según ella, resulta inverosímil. «Es inaceptable que un juez pretenda limitar las facultades constitucionales del Congreso», afirmó.
Finalmente, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldivar, también se pronunció en contra de estas suspensiones, argumentando que no proceden contra reformas constitucionales y que los jueces aplican la Ley de Amparo de manera errónea al intentar invalidar publicaciones del Diario Oficial.
