El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició un debate crucial sobre la legitimidad de los partidos políticos y otros actores para impugnar la reciente Reforma Judicial. Con una mayoría de 8 votos a favor, los ministros avalaron la legitimación de los partidos políticos para cuestionar la reforma, aunque las opiniones sobre los límites y el alcance de esta legitimidad permanecieron divididas.

La Ministra Presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, defendió la postura de que los partidos políticos, así como la minoría parlamentaria del Congreso de Zacatecas y el partido Unidad Democrática de Zacatecas, están legitimados para impugnar la reforma. Piña Hernández manifestó: «Estoy de acuerdo con la legitimación de los partidos políticos, no voy a coincidir en no reconocer legitimación a la minoría parlamentaria del Congreso del estado de Zacatecas”.

Por otro lado, el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, argumentó que el medio de control constitucional utilizado es adecuado, pues considera que la reforma tiene un carácter electoral y su entrada en vigor establece bases constitucionales. Aseguró que este proceso es parte de un cambio constitucional profundo, lo que justifica la intervención de la Corte.

Sin embargo, hubo discrepancias importantes. Ministros como Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Alberto Pérez Dayán se opusieron a esta visión. Para ellos, la reforma no debe considerarse como una norma electoral y afirman que la Corte no debe intervenir en un proceso que corresponde al poder reformador. Esquivel Mossa destacó: «La pretensión de los partidos accionantes es que expulsemos algunas de las normas constitucionales, lo cual debemos evitar por el bien de la República”.

Por su parte, los ministros Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo sostuvieron que es responsabilidad de la Corte constitucional revisar normas que vayan en contra de la propia Constitución. Aguilar Morales enfatizó que, en su opinión, la reforma cuestionada representa un ataque al Poder Judicial de la Federación, lo cual justifica la intervención judicial.

El debate refleja la complejidad de la reforma y su posible impacto en el equilibrio de poderes y en la democracia del país. Mientras algunos ministros defienden la revisión constitucional, otros advierten que la Corte debe ser cautelosa para no invadir el terreno del poder legislativo.

La discusión sobre la Reforma Judicial continuará en los próximos días, con implicaciones clave para el futuro político y judicial de México.