El 4 de abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU inició un procedimiento contra México ante la posibilidad de que las desapariciones forzadas se estén cometiendo de forma generalizada o sistemática. La acción se basa en el artículo 34 de la Convención Internacional, que permite involucrar a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Decenas de colectivos, familiares y organizaciones de la sociedad civil entregaron un informe al CED, en el que señalan que el número de personas desaparecidas en México supera al de cualquier otro país de América Latina en contextos de violencia, conflicto armado o dictaduras.
Registro nacional y crisis forense
El documento denuncia fallas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, como falta de actualización, inconsistencias y problemas de acceso. Esto genera incertidumbre y angustia en las familias.
Actualmente, se reportan más de 127 mil personas desaparecidas. Sin embargo, no se tiene certeza sobre cuántas fueron víctimas de desaparición forzada por parte de autoridades o particulares con apoyo estatal.
Estados con mayor incidencia
El informe incluye análisis específicos de 11 entidades: Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California, Estado de México y Morelos. En Jalisco, por ejemplo, se documenta la infiltración del crimen organizado en cuerpos de seguridad y casos de reclutamiento forzado.
En Tabasco, se destaca el aumento de desapariciones desde 2018, especialmente de niñas y jóvenes. En Morelos, se denuncia el uso de fosas comunes estatales como método sistemático para ocultar cuerpos.
Cifras alarmantes
Entre 2006 y 2023, se contabilizaron más de 72 mil personas fallecidas sin identificar en servicios forenses. Además, se han registrado 3,516 fosas clandestinas, de las que se exhumaron 8,341 cuerpos y más de 52 mil restos humanos.
El informe también revela que solo se han dictado 373 condenas por desaparición entre 2017 y enero de 2025, lo que representa apenas el 0.56 % de los casos reportados en ese periodo.
Exigencias
Las organizaciones solicitan la creación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico para identificar patrones y proponer acciones que detengan las desapariciones, identifiquen cuerpos y lleven a los responsables ante la justicia.
También piden que se comunique a la Corte Penal Internacional la información recabada, con el fin de iniciar una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma.
Poblaciones vulnerables y violencia estructural
El informe subraya la afectación a grupos específicos como infancia, migrantes, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, periodistas y defensores de derechos humanos. Se reportan 17,349 menores desaparecidos, siendo las adolescentes de 14 a 19 años el grupo más vulnerable.
Además, se documenta el asesinato de al menos 27 personas buscadoras de familiares desaparecidos, lo que evidencia los riesgos que enfrentan quienes realizan esta labor.
