La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente consiguió la vinculación a proceso de dos individuos detenidos en el municipio de Calnali, debido a que no acreditaron la legal procedencia de 64 piezas de cedro rojo de la especie Cedrela odorata, en el estado de Hidalgo.

En el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio, se reconoció por primera vez a la Profepa como la parte ofendida por el delito contra el medio ambiente, cometido por dos sujetos quienes no acreditaron la legal procedencia de 64 piezas en tablones de madera de cedro rojo de diferentes medidas, mismas que fueron transformadas con motosierra, resultando un equivalente a 1.5599 metros cúbicos de madera en rollo.

Los dos sujetos fueron capturados por elementos de Seguridad Pública estatal cuando tenían en su poder la madera de cedro rojo en el municipio de Calnali.

La audiencia inicial por este delito se realizó el día 20 de abril a las 22:30 horas, dentro del marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio, actuando Profepa conjuntamente con la Procuraduría General de la República.

En la audiencia se vinculó a proceso a las dos personas, a quienes se sorprendió cargando piezas de cedro rojo para depositarlas en un vehículo, ambos posteriormente fueron intervenidos por la Policía Estatal al no acreditar la legal procedencia de 64 piezas de madera de cedro rojo.

Durante esta audiencia, también se reconoció como legal la detención que fue realizada por la Policía Estatal y la puesta a disposición ante el Ministerio Público de la Federación.

La Profepa señaló que la posesión ilegal de una especie de flora silvestre sujeta a Protección Especial, constituye un delito federal contra el ambiente, de acuerdo con el artículo 420 Fracción IV del Código Penal Federal, el cual otorga una pena de hasta 9 años de prisión y la reparación del daño al medio ambiente.

Con la vinculación a proceso de los imputados, se dictaron medidas cautelares y se estableció el término de tres meses para el desahogo de pruebas y la conclusión de la investigación.

La Profepa se encuentra obligada a litigar la reparación y compensación del daño ocasionado al ambiente dentro del sistema penal acusatorio, conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.