Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; el senador de Morena, Enrique Inzunza; así como el vicefiscal general del estado, también con licencia, Dámaso Castro, comparecieron este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la delegación de Culiacán, tras las acusaciones de narcotráfico en su contra por parte de Estados Unidos.

En su cuenta de X, el gobernador con licencia detalló que respondió a las preguntas que le formuló la agente del Ministerio Público Federal. Por otra parte, añadió que mantendrá disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, expresó.

Rocha Moya sostuvo además que confía en el sistema judicial mexicano y en el Estado de derecho, al tiempo que defendió las instituciones de justicia y las reformas impulsadas por el movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

“Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, subrayó.

Por su parte, Dámaso Castro fue abordado por medios de comunicación en las instalaciones federales. El funcionario explicó que fue citado por hechos que ya son de conocimiento público, pero evitó dar detalles al respecto.

Finalmente, Inzunza también informó en X sobre su comparecencia, donde destacó que acudió sin acompañamiento jurídico y como abogado de sí mismo.

Previo a la comparecencia, la presidenta Claudia Sheinbaum había asegurado que, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR, las diligencias abiertas no implican imputaciones contra los funcionarios llamados a declarar.

Respecto al expediente de Sinaloa, Sheinbaum confirmó que han sido citados a declarar Rocha Moya; el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Cabe mencionar que las investigaciones en México derivan de la acusación presentada el pasado 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra diez funcionarios de Sinaloa, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado la detención con fines de extradición de una decena de ciudadanos mexicanos vinculados con delitos de tráfico de drogas y armas.