A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Tehuacán presumió que, por segunda ocasión, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallaron a favor de la presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez, en relación a la controversia constitucional interpuesta ante el máximo órgano jurídico del país.
Una vez que la Auditoria Superior del Estado (ASE) y el Congreso del Estado de Puebla, interpusieron recursos de reclamación sin sustento, los ministros votaron de manera unánime a favor de la alcaldesa.
Fue en la segunda sala de la SCJN , donde se confirmó el acto de suspensión del proceso contra una posible sanción de destitución de la edil.
La defensa, a cargo del síndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, destacó que un argumento importante fue la autonomía del municipio libre y su integración democrática, basada en el voto libre y directo, lo que hizo que se determinara la suspensión y se desestimaran los argumentos de las instancias estatales.
Antecedentes
Cabe recordar que en enero pasado el Juzgado Sexto de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativo, del Trabajo y Juicios Federales del Estado de Puebla, otorgó la suspensión provisional al proceso de destitución de la presidenta municipal, por lo que ordenó al Congreso local y a la ASE que no ejecutara ningún acto en contra de la misma, hasta que se resolviera de fondo del amparo 1871/2016 promovido por el Ayuntamiento de Tehuacán ante la SCJN.
Lo anterior, se aclaró en su momento no tiene nada que ver con la cuenta pública, únicamente busca que se notifique de la manera en que lo señala la ley y que, según la autoridad municipal, debe ser personalmente, a fin de que la primera regidora tenga la oportunidad de defenderse y aclarar las observaciones hechas al ejercicio fiscal del 2014, durante el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre.
Según información difundida con antelacion se detectó un daño patrimonial que asciende a 76 millones 289 mil 516 pesos, suma que de no comprobarse en los tiempos señalados derivaría en una sanción económica que podría ir de 152 millones 579 mil 032 pesos hasta los 228 millones 868 mil 549 pesos. Además, se decretaría su remoción del cargo que ostenta y su inhabilitación por 12 años, lapso en el cual no podría ocupar ningún cargo público.
