Tan pronto salieron los nuevos ejemplares del semanario de la imprenta, miembros del crimen organizado siguieron a los repartidores para comprar el tiraje completo. Las amenazas explícitas no hacían falta: todos conocían los códigos del narco en Sinaloa y oponerse a lo que pedían hubiera sido absurdo.
La situación se repitió dos veces en febrero. Primero con el semanario Ríodoce; dos días más tarde, con otro más pequeño, La Pared. Ambos llevaban en sus portadas la entrevista con un capo que no gustó a sus rivales.
Poco después, La Pared optó por cerrar. Ríodoce sigue publicando pero se volvió más cuidadoso porque sus periodistas están convencidos de que esos sucesos fueron el detonante del asesinato de uno de sus fundadores, Javier Valdez, el 15 de mayo, una muerte que conmocionó de forma excepcional por el prestigio del periodista dentro y fuera del país y porque era el sexto homicidio de un reportero en México en dos meses y medio.
El crimen provocó una condena unánime e inusual de la prensa nacional e internacional, de gobiernos extranjeros y de organizaciones de derechos humanos, un reclamo de justicia que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a atender, aunque no todos confían en ello.
En Sinaloa, el crimen muestra cómo los grupos criminales ya no solo luchan por territorios sino también por titulares, y hay miedo de que pueda crearse un agujero negro informativo como ya existe en otros estados. En México todavía es incierto si el asesinato de uno de los periodistas más reconocidos del país se convertirá en un parteaguas para acabar con la impunidad que prevalece en estos crímenes y que han convertido a esta nación en uno de los lugares más peligrosos para el periodismo.
“Justicia, justicia para todos los responsables, hasta sus últimas consecuencias; solo así podremos hablar de un punto de inflexión”, dijo Carlos Lauria, el representante para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas.
Ríodoce, un semanario fundado hace 14 años por Valdez y su actual director, Ismael Bojórquez, y que cuenta con uno de los premios más prestigiosos del periodismo, el María Moors Cabot, siempre trató temas de narcotráfico más allá del recuento de muertos.
“Nunca habíamos entrevistado a un capo, lo hicimos ahora y nos costó muy caro”, lamenta Bojórquez en entrevista con The Associated Press. Él fue quien encontró a su amigo tirado en medio de la calle con doce balazos encima y su sombrero Panamá todavía en la cabeza.
Bojórquez se refiere a Dámaso López, apodado “El Licenciado”, un exaliado de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Cuando Guzmán fue recapturado en enero de 2016, el cártel de Sinaloa se quedó sin su máximo líder e inició una guerra contra los hijos del Chapo, que conllevó a una nueva etapa de violencia en Sinaloa.
La prensa quedó en medio de todo.
“Los hijos del Chapo se enteraron que habíamos entrevistado a Dámaso y presionaron a Javier para que el trabajo no se publicara. Pero les negamos la petición”, escribió Bojórquez en su columna del 22 de mayo. Luego intentaron comprar toda la edición. Ríodoce se negó y optaron por esperar a los repartidores y hacerlo después.
En el caso de La Pared, después de la requisa, los editores fueron contactados de parte de los hijos de “El Chapo” para que sacaran un nuevo número, con 15.000 ejemplares, con una historia criticando a “El Licenciado”, explica uno de sus trabajadores, que pide el anonimato por seguridad. Los costes corrían a cuenta de los capos. El último día de vida de “La Pared” el periódico se regalaba por las calles.
Esta forma de actuar era nueva en Sinaloa. Antes, recuerdan reporteros de Culiacán, los narcos mandaban emisarios para no publicar una foto, un decomiso, una mención. Tampoco era extraño adornar notas con cierto aire de narcocorrido para que el afectado se las tomara como una hazaña más que una denuncia. También hubo intimidaciones mayores: los edificios de los periódicos Noroeste, El Debate y Ríodoce fueron atacados en distintos momentos, baleados o con granadas.
Sin embargo, todos los analistas marcan un punto de inflexión cuando “El Chapo” quedó fuera de juego y su extradición a Estados Unidos, donde ahora espera juicio, se volvió un hecho. La época de los capos clásicos acababa. Los llamados “narco-juniors” _hijos de los narcos_ eran más impulsivos, más violentos y más amantes de protagonismo. O de titulares. Y además estaba el interés del Cártel de Jalisco Nueva Generación por obtener territorios sinaloenses.
Ante este panorama criminal, las autoridades se han caracterizado por la inacción. Y con la llegada en enero de 2017 del actual gobernador, Quirino Ordaz del Partido Revolucionario Institucional, la violencia se ha multiplicado y la situación es todavía peor porque la “paz narca” que, según Bojórquez, su predecesor había conseguido “entregando” a sus policías al Chapo —algo que el mandatario siempre negó— se ha convertido en un descontrol total que, según la prensa local, deja a los informadores desamparados en medio del fuego cruzado de criminales.
“Sigo pensando que fue una fracción del crimen organizado”, subraya Bojórquez, aunque matiza que ahí “caben muchas posibilidades, incluso la provocación de gente interesada en incursionar en Sinaloa”.
El director de Ríodoce dice que el asesinato de Valdez pudo ser por una nota actual o pasada, que eso lo deben averiguar las autoridades, pero de lo que no le queda duda es que lo mataron por su trabajo, algo que comparten las organizaciones de prensa internacionales.
La fiscalía de Sinaloa trabaja en el caso junto con la fiscalía especial de la Procuraduría General de la República, encargada de delitos contra la libertad de expresión. De 114 homicidios de informadores registrados en el país desde 2000, ha investigado 48 desde que se creó en 2010 y solo tiene tres sentencias.
Reporteros y defensores de los derechos humanos se han organizado en una comisión para fiscalizar a las autoridades y pedir versiones públicas del caso que permitan un seguimiento del mismo, indica Marcos Vizcarra, del Noroeste.
Hasta el momento se sabe que Valdez fue interceptado mientras conducía a unas calles de su oficina. Le bajaron del coche y le pegaron 12 tiros con dos armas distintas. No hay datos de las grabaciones de las varias cámaras que había en el lugar. No se sabe dónde están el celular y la computadora que llevaba encima.
A una semana del homicidio, los fiscales convocaron a una conferencia de prensa para dar detalles. Explicaron meticulosamente la trayectoria de todos los disparos y poco más. No aceptaron preguntas.
Además, todavía no han descartado como línea de investigación el móvil del crimen, algo que para el Comité de Protección de Periodistas es «una broma de mal gusto», dijo Lauria. Esta falta de claridad alimenta los temores, las desconfianzas, la incertidumbre entre sus compañeros.
“Estamos bien nerviosos, desconcertados, no sabemos qué hacer”, reconoce el reportero de Noroeste.
Pese al dolor que lleva encima estos días, Bojórquez ve una luz al final del túnel: que el gremio se organice y gracias a la presión internacional, que ya ha comenzado, se promueva un movimiento por la justicia.
“Puedes ir a quebrar los cristales de Los Pinos (sede presidencial) y no va a pasar gran cosa, pero cuando los gobiernos sienten la presión internacional es cuando empiezan a actuar”, asegura esperanzado Bojórquez. “Esa parte hay que alimentarla”. Y las organizaciones de prensa coinciden.
Mientras tanto, Ríodoce seguirá informando, con precauciones, pero informando.
“Que quede claro: a nosotros nos importa madre quién gobierne o no esa parte del mundo criminal. No estamos peleados con ningún capo. Para nosotros el narcotráfico no es una causa, es un fenómeno que existe y lo tratamos periodísticamente por sus consecuencias en la economía, en la cultura, en la política, en el gobierno, en las policías”, afirma categórico. “Y esas partes las vamos a seguir trabajando”.
