El presidente de la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales, Enrique Padilla Sánchez, admitió que aún carecen de una propuesta de dictamen final para concretar la reforma constitucional que daría vida al Sistema Estatal Anticorrupción.
En este sentido, reveló que todavía están a la espera de la propuesta que en la materia pudiera presentar el titular del Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez, ello a pesar de que tienen hasta el 18 de julio para legislar en la materia.
En conferencia de prensa, el diputado priísta refirió que hasta el momento solo existe un análisis de las diversas propuestas e iniciativas que fueron presentadas en el primer período ordinario de sesiones, como la hecha por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), otra más del Partido de la Revolución Democrática y una del Partido Acción Nacional (PAN), así como planteamientos y sugerencias aisladas hechas por agrupaciones de la sociedad.
Sin embargo, confió que al inicio del período extraordinario de sesiones, previsto para comenzar el ocho de junio, los diputados integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Finanzas y Fiscalización y la de Información Pública, se instalen para elaborar la propuesta de dictamen final.
Respecto al análisis que han efectuado hasta el momento, refirió que existen los planteamientos para crear las figuras de Fiscalía General y Fiscal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, que se encargaría de aplicar las normas en la materia y dirimir las controversias entre funcionarios y particulares.
Respecto al gasto que ello representaría, aunque no hay una iniciativa final en la materia, Padilla Sánchez destacó que buscarán que no haya mayores erogaciones ni gastos que afecten al Estado, pero garantizarán que éstas sean funcionales.
Además, destacó que tienen pendiente, después de la aprobación de la reforma constitucional, la aprobación de la Ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, además de la ley de responsabilidades de los servidores públicos y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
