Para el secretario de Finanzas y Administración del estado, Raúl Sánchez Kobashi, los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) sí sirven y «no son anticonstitucionales” porque fueron ratificados por el Congreso local, a pesar de que con su uso Puebla contrajo una deuda de 33 mil millones de pesos, según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Sin embargo, dijo que el gobierno de José Antonio Gali Fayad no recurrirá a este esquema de inversión pública-privada.
Tras su participación en la Semana de la Evaluación en América Latina y El Caribe, el funcionario estatal argumentó que los PPS cumplen con el marco normativo a nivel nacional y no representan un riesgo para los gobiernos que los emplean.
En esa tónica, indicó que la deuda actual de Puebla es sana, pues así lo han establecido las calificadoras y no representa un riesgo para las finanzas públicas del estado.
“Las calificadoras han dicho cómo está la deuda de Puebla. El Congreso de Puebla tiene muy claras estas figuras, no pueden ser anticonstitucionales”, expuso.
Esto, con relación a los señalamientos hechos por Enrique Cárdenas Sánchez, presidente del CEEY y ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), quien planteó que los PPS sí son un riesgo para las finanzas públicas porque no están sujetos a ninguna disposición jurídica que establezca un límite para comprometer recursos del erario, además porque la aprobación de estos proyectos no pasa por el Congreso.
