Foto: Archivo/Síntesis

La administración municipal de Apetatitlán que encabeza el perredista Eloy Reyes Juárez, no ha cumplido con la ley en materia de transparencia, pues a dos meses de haber asumido el cargo no ha generado la página electrónica para difundir la información mínima de oficio que lo obliga la norma.

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Transparencia los sujetos obligados tienen la obligación de poner a disposición de los particulares la información en los sitios de Internet a su cargo y a través de la Plataforma Nacional.

Al no tener el ayuntamiento de Apetatitlán una plataforma electrónica, también se incumple con el artículo 54 que establece que la información que se publique deberá ser acorde con los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional, el cual establecerá los formatos de publicación de la información para asegurar que ésta sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable.

“La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley, la Ley General o en otra disposición normativa se establezca un plazo diverso. El plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma, será determinado por los lineamientos que al efecto emita el Sistema Nacional”, establece el artículo 54 del mismo ordenamiento.

La misma Ley de Transparencia refiere que la página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública, el cual deberá contar con un buscador, sin embargo esa disposición tampoco se cumple debido a que no existe una página de internet.

Además de lo anterior y pese a que es una obligación del alcalde Eloy Reyes, el ayuntamiento no ha fomentado el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos, no ha publicado ni mantenido actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia y no ha difundido proactivamente información de interés público.