Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, refirió en cuanto al tema del espionaje a periodistas, que se trata de un delito del orden federal la intervención de comunicaciones privadas, por lo cual compete a la Procuraduría General de la República realizar la investigación, ya que no sólo una empresa puede hacer ese tipo de operaciones.
“Miren, como ya se ha mencionado, lo comentaba el señor secretario de Gobernación, la instancia competente para investigar este tema es precisamente la Procuraduría General de la República, se trata de un delito, es intervención de comunicaciones privadas”.
Explicó que se trata de un delito del orden federal, porque para intervenir comunicaciones privadas tiene que existir autorización de un juez de distrito, “lo que habrá que ver es si efectivamente es si solamente esta marca de la que se habla es la única que puede hacer eso o lo pueden hacer muchas otras que existen en el mercado”.
El funcionario refirió que el que aparezca en un número celular lo que se conoce como un software malicioso o un mensaje malicioso, en el momento en que se abre ese mensaje los sistemas capturan la información del teléfono, pero eso no solamente lo maneja una empresa en particular.
Consultado sobre qué interés tendría el gobierno para espiar a los periodistas, repuso, “lo que habría que hacer es precisamente investigar, y aquí tenemos que respetar el ámbito de competencia de la Procuraduría General de la República”.
Por otro lado, reconoció que el mes de mayo tuvo una alta incidencia de homicidios, y se está planteando reformas claves al Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero no se trata de desmantelar al NSJP, al contrario, se reconoce que es el mejor de los sistemas, ya que es ágil, público, oral, que permite resolver con agilidad conflictos con agilidad.
Sales Heredia señaló que hay un delito en particular, que es la portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, que ahora no amerita prisión preventiva oficiosa, “¿qué es lo que está sucediendo? Que ahora detenemos personas con armamento de alto poder, los ponemos a disposición del juez, y el juez ordena que sigan su proceso en libertad”.
Consideró que si se suelta a personas con AK-47, Park calibre 50, Brown, R15, esas personas van a matar, por lo cual buscan reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el Código Nacional de Procedimientos Penales para posibilitar que estas personas continúen su proceso en prisión preventiva de oficio en centros penitenciarios, y no a la calle.
También se va a agregar el acopio de armas, que es lo más importante. El comisionado abundó que las modificaciones que se plantean a Seguridad Interior, no tienen por objeto militarizar al país, sino reglamentar lo que viene sucediendo desde 1996, que es el auxilio de las fuerzas armadas a los cuerpos civiles de seguridad pública, permitido por la Corte Suprema de Justicia desde 1996.
Indicó que en Seguridad Interior, está demandando que cómo, cuándo y dónde van a apoyar las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina a las autoridades civiles, por cuánto tiempo y de qué manera, y que puedan ser primeros respondientes.
Afirmó que la iniciativa ya está presentada en el Congreso, lo mismo la que tiene que ver con la ley de armas de fuego, habiendo consenso entre los secretarios de seguridad pública de los estados y los gobernadores que es necesario modificar en esta lógica. Manifestó que 7 de cada 10 homicidios dolosos en el país se comenten con armas de fuego.
