Foto: Juan Flores/Síntesis
Autoridades del municipio de Tecopilco recibieron deudas por más de 3.2 millones de pesos, generadas por la administración pasada, además otras irregularidades que serán denunciadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), anunció el alcalde, Olaf Vázquez Morales.
De entrada indicó que desde el proceso de entrega que regula el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) se encontraron diversas omisiones de información, esta situación podría afectar el escenario financiero para el actual gobierno.
Y es que denunció que el anterior trienio no hizo las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en tiempo y forma ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que existe un requerimiento al municipio por más de 1.2 millones de pesos, aunado a las actualizaciones generadas por multas y recargos.
Aunado a ello, indicó que existen cerca de seis laudos laborales que ascienden a un monto superior a los dos millones de pesos, toda vez que aproximadamente un 80 por ciento de ellos fueron generados por la anterior administración.
“Si se realizara una mediación para atender estas deudas dejaríamos de hacer obra pública por hacernos cargo de estos asuntos”.
También indicó que le heredaron un parque vehicular en malas condiciones que ha generado gastos de más de 80 mil pesos para su respectivo mantenimiento, ya que algunas unidades no tenían aceite en el motor, ni contaban con las condiciones adecuadas para prestar los diferentes servicios.
Asimismo, indicó que la falta de información ha complicado los trámites de corrección como la actualización, refrendos, verificaciones, situación que genera gastos mayores.
Vázquez Morales, manifestó la gravedad de la situación, pues estos problemas que se integraron en el acta de entrega-recepción, podrían truncar el Plan Municipal de Desarrollo (PMD).
Ante este panorama, indicó que el cabido tomó la determinación de denunciar estas irregularidades ante la PGJE y las instancias competentes, con la finalidad de hacer responsables a las personas que hayan causado las afectaciones al patrimonio del municipio.
