California se declaró “estado santuario” en Estados Unidos para proteger a los inmigrantes indocumentados con la firma del gobernador estatal, el demócrata Jerry Brown, de una ley en este sentido.
“Son tiempos inciertos para los californianos sin documentos y sus familias”, señaló Brown en su mensaje al dar el visto bueno a la normativa.
“Esta ley encuentra un punto intermedio que protegerá la seguridad pública mientras aporta una medida de consuelo para aquellas familias que están ahora viviendo con miedo cada día”, añadió.
La ley SB 54, conocida como el Acta de los Valores de California, fue aprobada por el Senado y la Asamblea de este estado en septiembre y extiende a nivel estatal las protecciones de las “ciudades santuario”, aquellas que decidieron de manera municipal no colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en la persecución de inmigrantes en situación irregular.
La nueva ley SB 54 elimina casi por completo los casos en los que las autoridades locales y estatales pueden dedicar sus recursos a labores de inmigración, una competencia federal que los cuerpos de seguridad de California dejarán, en la práctica, en manos del Gobierno de Estados Unidos.
Así, los agentes locales y estatales no podrán investigar, interrogar o detener a personas en California sólo porque sospechen que son inmigrantes sin papeles.
La propuesta inicial de la ley se modificó tras un acuerdo entre los líderes parlamentarios y Jerry Brown con el fin de ofrecer más autonomía a la Policía y a los cuerpos de alguaciles, incluidos los responsables de la seguridad en las cárceles.
El texto aprobado permite que las autoridades locales trabajen conjuntamente con las autoridades federales de inmigración si una persona ha sido declarada culpable de algún delito contenido en una lista de cerca de 800 violaciones a la ley, la mayoría graves.
Se estima que hay más de 2 millones de inmigrantes residentes en California que no tienen su documentación en regla.
Las leyes “santuario” han alcanzado un gran impulso después de la llegada a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, cuya campaña electoral y presidencia se han basado en un polémico y duro discurso contra la inmigración.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha criticado en varias ocasiones las medidas “santuario” y en septiembre pasado aseguró que las ciudades que adoptan estas legislaciones son los “mejores amigos” de los traficantes, contrabandistas y pandilleros al negarse al negarse a informar al Gobierno del estatus migratorio de las personas que son puestas en libertad tras pasar por la cárcel.
Sessions ha amenazado con recortar fondos federales a las ciudades y territorios que se declaren “santuarios”, pero un juez de Chicago bloqueó el pasado mes este intento al considerar que el fiscal general de Estados Unidos excedió su autoridad al tratar de modificar los estándares para la concesión de una subvención destinada a los departamentos policiales.
La firma de la ley SB 54 supone un nuevo punto de choque entre el Gobierno federal y California, que se ha convertido en un gran enemigo de Trump en temas como la inmigración o el cambio climático.
“California está construyendo un muro, pero un muro de justicia”, dijo en una rueda de prensa el presidente encargado del Senado californiano y autor de la ley aprobada hoy, Kevin de León.
“No vamos a dejar que el presidente Trump y el procurador fiscal Jeff Sessions vayan a demonizar a nuestras familias honestas y trabajadoras y a presentar a todos los inmigrantes como criminales violentos. Todos sabemos que eso no es cierto”, señaló De León al calificar las políticas migratorias del Gobierno como “xenófobas, racistas e ignorantes”.
