Pese a las incógnitas que persisten sobre la negociación del divorcio, Bruselas tiende la mano a Reino Unido al hablar de lo que más interesa a Londres: la relación futura con Europa.
Bruselas arranca esos trabajos con dos exigencias: el marco post Brexit debe incluir cooperación antiterrorista no solo un pacto comercial y Londres se abstendrá de hacer competencia desleal a sus exsocios.
El primer documento interno recuerda, además, que ningún acuerdo se aplicará a Gibraltar sin el consentimiento de España.
Los representantes de los Estados miembros en Bruselas han trazado ya un calendario sobre cómo tejer ese segundo mandato que permita negociar con Reino Unido tanto la relación futura como la transición hacia esa segunda etapa. Así figura en el primer borrador interno sobre la segunda fase del Brexit.
Ningún país quiere dar garantías a la primera ministra británica, Theresa May, de que en diciembre habrá progresos suficientes en el divorcio como para pasar al segundo capítulo. Pero al menos el documento elaborado por el Consejo Europeo contempla tener listo un borrador del nuevo mandato a finales de noviembre. Y que los jefes de Estado y de Gobierno puedan aprobarlo en la última cumbre del año, a mediados de diciembre.
El texto, de ocho páginas, pretende abrir el debate sobre cómo proceder en el futuro. Consciente de que Londres muestra signos de debilidad al pedir a Bruselas un acuerdo de transición de dos años May rechazó inicialmente esa idea, el Consejo aprovecha para poner sus condiciones. La primera es incluir la seguridad, un ámbito en el que Reino Unido aporta mucho a Europa, tanto en el esquema de transición como en el acuerdo futuro. “La UE está preparada para establecer acuerdos en áreas diferentes del comercio, en particular la lucha contra el terrorismo y el crimen internacional, así como la seguridad, la defensa y la política exterior”, recoge el documento. Respecto a la transición, los Estados proponen preservar “el acceso mutuo a los mercados y la participación en las actuales medidas de seguridad”. Esa etapa intermedia debe ser, además, “limitada” y estar sujeta a la tutela del Tribunal de Justicia de la UE, un anatema para Londres.
El Consejo Europeo inicia este ejercicio porque los líderes se comprometieron ante May en la última cumbre europea. El objetivo es dar por encauzado el divorcio a final de año para empezar a hablar del futuro a principios de 2018. Pero el escepticismo respecto a estas metas, que ya se incumplieron en octubre, es aún mayúsculo.
Competencia desleal
El texto recoge varias advertencias contra la amenaza que ha deslizado en alguna ocasión Reino Unido: que puede convertirse en un paraíso fiscal, medioambiental y laboral para atraer a las empresas en una Europa postBrexit. “Deben asegurarse unas reglas del juego justas, especialmente en competencia y ayudas de Estado”, piden los países miembros, temerosos de que Londres decida incentivar la presencia de empresas con ayudas que serían ilegales bajo el paraguas europeo pero que no podrán castigarse una vez Reino Unido salga del club. Por eso Bruselas pretende incluir en el marco futuro “salvaguardas contra ventajas selectivas injustas”.
Bruselas concibe la transición hacia el marco futuro —en principio, dos años— como una mera prolongación del actual estatus de Reino Unido en la UE. Pero la idea plantea problemas. El Consejo se pregunta qué hacer con la representación institucional de Londres en el seno comunitario. Aunque formalmente no será un país miembro (no tendrá comisario, eurodiputados ni otros representantes), es probable que el Gobierno británico exija algún mecanismo para hacerse oír, dado que durante esa transición cumplirá con las reglas europeas.
El documento concluye con cinco preguntas abiertas que los Estados miembros deberán consensuar antes de negociar el encaje futuro con Reino Unido. Se trata de fijar el alcance, el tipo de acuerdo y su duración, las reglas del juego, el número de pactos aplicables y la forma de garantizar su cumplimiento.
