Es increíble que en una sociedad lo ilegal sea atractivo para aquellos que están definiendo qué hacer con sus vidas.
Me refiero a los jóvenes.
Por supuesto que me refiero al robo de combustible.
Sucede que la atención en estos momentos está centrada en el empleo de menores de edad para promover la venta de combustible, además de fungir como “halcones” de los huachicoleros.
Sin duda alguna es brutalmente triste que los niños sean corrompidos para este fin.
Pero me detengo en los jóvenes mayores de 18 años y menores de 25, quienes deberían estar estudiando una licenciatura o trabajando tras estudiar un oficio técnico.
La verdad es que esa fuerza laboral la está perdiendo el mercado.
Y si me apuran, con los jóvenes metidos al huachicol, el Estado está perdiendo profesores, campesinos, empresarios o ingenieros.
El saldo es a todas luces negativo cuando revisamos la actividad como una distorsión del mercado.
A las empresas no se les cubre la demanda de mano de obra.
Mientras, a los ciudadanos no les dotamos de jóvenes en edad de trabajar y con una posible curva de aprendizaje promisoria que bien podrían desempeñarse en cualquier actividad productiva lícita.
El impacto no sólo tiene que ver con la inseguridad, lo secuestros que se provocan, los accidentes viales que propician los conductores mientras recorren carreteras con las luces apagadas.
Lo peor del huachicol es que la sociedad pierde, a costa de que unos cuantos ganen miles por la venta de un producto que no es suyo, y peor aún, quienes compran ese insumo, no reparan en el daño que le causan al sistema económico del estado.
En términos económicos, el daño es brutal.
Gracias y nos leemos el viernes.
