La sola pregunta es sintomática del desarreglo y la polarización imperantes en el régimen actual. Más aún, si se me apura, es la consecuencia esperable del proceso de recambio en el Consejo General de 2020, que colocó a Morena en el triste, por no decir ridículo, papel de usar su mayoría para elegir a cuatro aspirantes dentro de una lista cuidadosamente confeccionada por el así denominado Comité Técnico para maximizar el cuidado de los intereses de la coalición opositora de estirpe pripanistaperredista.

La orientación estratégica de la magistral jugada orquestada por el Comité Técnico es simple de acusar: afianzar al preexistente y mayoritario núcleo de consejeros antiamlo, articulado en torno a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, cuyo inequívoco resultado es la confección de un Consejo General independiente a toda prueba del gobierno federal en turno, pero orgánicamente vinculado a los intereses de la oposición partidocrática.

Sin menoscabo del valor que la partidocracia y la intelectualidad orgánicamente vinculada a ella le confieren a la independencia del INE —el árbitro electoral— respecto del gobierno federal en turno —Morena y la 4T—, lo preocupante es el escamoteo del problema relevante: la precariedad de la autonomía institucional, que es condición del ejercicio de la función estatal de la organización comicial y de la democracia electoral misma.

El descuido y la ligereza —intencionales, creo— que animan la confusión de independencia del gobierno federal con autonomía, hoy expresada en senda carta pública auspiciada por la revista Nexos, pintan de cuerpo entero la pobreza de la intelectualidad orgánicamente vinculada a la oposición.

A la vez, valga precisar, lo anterior exhibe su ceguera e incapacidad de entender y asumir que el Consejo General del INE, sea por voluntad o por incapacidad, se convirtió plenamente en un agente político más dentro de la arena de la competencia por el poder.

La independización-lejanía selectivas respecto de la 4T es a un costo público y político alto e ineludible: su trato en público como una fuerza opositora, con el agravante de su vulnerabilidad por el abandono documentable de su responsabilidad como agente estatal autónomo.

En este contexto, sin que llame a sorpresa, destacan las respuestas encontradas. En defensa del INE y su continuidad histórica, viene a cuento la postura sentada por José Woldenberg en su más reciente artículo intitulado En defensa del INE y la Constitución.

Aquí, el expresidente del INE más reputado califica los señalamientos de carencia de autonomía expresador por AMLO y Morena como “una agresión más alevosa, desinformada, mentirosa”.

Cual apólogo de su hijo consentido, quizás en el entendido de que su inmaculada condición de árbitro imparcial e infalible están fuera de duda, Woldenberg incurre en el desliz de la exigencia de inmunidad a la crítica para el INE. Curiosa postura, por decir lo menos, para un practicante experimentado de la verdad científica y el activismo cívico.

Más sintomático que la acrítica defensa de Woldenberg es la ostensible incapacidad del INE para liderar su defensa como entidad autónoma e imparcial, en cuyo auxilio confluyen hoy la intelectualidad orgánica de la oposición, la intelectualidad que no alcanza a entender la diferencia entre independencia y autonomía, y la intelectualidad que, a falta de autonomía, engrandece la independencia respecto del gobierno federal.

El desafío cognitivo y práctico de los defensores del INE es disponer de un relato convincente sobre la magnitud de la caída tendencial de la confianza social en el árbitro electoral y los indicios abundantes de la partidización del INE.

Con el respeto que como personas me merecen Woldeberg y muchos amigos que signan el desplegado de Nexos Exigimos respeto a la autonomía del INE, rechazo frontalmente la invitación a conservar la versión chatarra de árbitro electoral actualmente existente y al juego perverso de hacer pasar la liebre de la independencia respecto del gobierno federal como el gato de la autonomía.

Por paradójico que parezca, encuentro más afinidad con Ricardo Salinas Pliego quien, sin contarse dentro del selecto club de los intérpretes legítimos de la realidad política, muestra mayor radicalidad comprensiva y práctica en su artículo de El Universal El INE debe morir y desaparecer.

Concuerdo con el director de tv Azteca en sus dos argumentos centrales: la condición estructural de institución capturada por los partidos políticos de oposición y su incapacidad para hacer valer sus dotes constitucionales de ente autónomo del Estado. Y añado una más: la derrota, por indiferencia, en la más crucial de las batallas que un órgano de interés público ha de librar, que es la de ganarse la confianza de la ciudadanía.

Finalmente, estamos hoy frente al imperativo histórico de forjar un modelo de arbitraje electoral, además de autónomo y confiable, simple, austero y funcional. Ya es tiempo de reconocer que, en su actual forma, el INE es un organismo diseñado para administrar los intereses particulares de los partidos contendientes, en exclusión del interés público ciudadano de dotarse de medios técnicos, despolitizados, para construir representación política legítimamente democrática.

No es del juego de vencidas entre Morena y su oposición partidocrática de dónde saldrá la solución. De eso podemos estar seguros.

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En ese tiempo, nunca los medios de comunicación masiva tuvieron el menor reparo en difundir los mensajes gubernamentales. Siendo actos de compra de tiempo en medios, se actualizaba la consigna de que “el que paga manda”.

En sentido estricto, la difusión de los mensajes gubernamentales encuadra aquí en la figura de propaganda política pagada, es decir, de compraventa de publicidad.

Luego, en tiempos de campaña, solía suceder que los gobiernos federales en turno enfilaban sus mensajes pagados (propaganda) hacia la masa potencial de electores, con miras a incrementar la votación para sus partidos, coaliciones y candidatos.

La práctica gubernamental del uso intensivo y selectivo de la propaganda política en tiempos electorales se hizo presente en las elecciones presidenciales del año 2000 y, como sabemos, hizo crisis en la controversial elección de 2006.

El bestialmente asimétrico modelo de comunicación política del ancien régime pripanista perredista, propagandista, publicitario y plutocrático, vio su fin con la reforma de 2007.

Para tales efectos, prohijó la actual y caricaturesca distinción entre propaganda política, la compra de tiempos para el autoelogio gubernamental que ocurre fuera de los tiempos de campaña; y propaganda electoral, compra de tiempos para difundir autoelogios tendientes a modificar las preferencias electorales.

Adicionalmente, la reforma de 2007 prohibió la compraventa de publicidad para efectos de propaganda electoral, con lo cual dio un tiro de gracia a un mercado de publicidad, la publicidad político-electoral, cuyo valor asciendía en ese momento a miles de millones de pesos

De fondo, la disputa entre AMLO-la 4T y el INE estriba en que, a decir del arbitro electoral, AMLO usa ilegalmente el espacio de sus conferencias mañaneras para lanzar mensajes favorables a su visión política y, de modo más específico, para hacer proselitismo electoral.

Y, por su parte, AMLO y su 4T vindican su visión de las mañaneras como un acto legal y legítimo de la libertad de expresión política y de responsabilidad con el derecho a la información de los gobernados.

Así las cosas,el choque entre la 4T y el INE luce inminente y con desenlace incierto.

Las poco juiciosas declaraciones públicas de Lorenzo Córdova, presidente del Consejo General, y del consejero Ciro Murayama dejan ver un árbitro simplón y faccioso, empeñado hacer pasar su conducta opositora a la 4T como si fuese autonomía, y bastante corto en el entendimiento de los cambios estructurales de la política mexicana y la estrechez semántica del marco legal electoral vigente.

El hecho es que las mañaneras son hoy una herramienta toral, si no es que la más relevante, de comunicación política de AMLO y su 4T.

El hecho es que, a diferencia de las herramientas publicitarias de sus antecesores del PRI y el PAN, las mañaneras cuentan con un auditorio amplio y vigoroso con alta motivación a escuchar a AMLO, que involucra incluso a un cúmulo considerable de empresas mediáticas y opinadores.

El hecho es que el fenomenal impacto comunicativo de las mañaneras guardan poca proporción con los contados recursos públicos empleados para su confección y difusión.

El hecho, ciertamente, es que las mañaneras representan un factor de mejoramiento del capital político y electoral de Morena y la 4T, en desmedro de las posibilidades competitivas de sus opositores. Tan cierto como ello resulta que la obtención de dicha ventaja dista mucho de cifrarse en el despliegue de recursos públicos por parte de la presidencia y el gobierno federal.

En un balance calmo de los factores por los cuales el INE optó por tipificar las mañaneras como precursoras de actos de propaganda electoral y amenazar con la aplicación de medidas restrictivas y punitivas, parece tener mayor peso el cálculo sobre las consecuencias esperadas de minar el potencial electoral de la 4T. Y otro tanto puede decirse del modo simplón en el que, sin pasos intermedios, las autoridades electorales coligen la existencia de propaganda electoral dentro las mañaneras.

Si algo ha quedado en claro en este primer tramo de la actual administración, es el giro de 180 grados en la política de adquisición de publicidad gubernamental. Y en tal sentido, no está de más suponer que marco legal electoral vigente se quedó como colgado en el aire, es decir, sin bases de sustento.

Claro, los consejeros electorales citados podrán insistir en su intrepretación letrista de la ley e incluso arroparse en las banderas del Estado de Derecho. Sus defensores, más aún, intentarán presentarlos como defensores de la autonomía institucional.

Ausente el ogro, quizás sea tiempo de pensar fuera de lo caja de candados que se inventaron para contenerlo. Y si de entrarle al toro por los cuernos se trata, es tiempo de decir con todas sus letras que en la República por construir no ha lugar a propaganda política ni electoral financiada con dinero público.

Quizás luego de eso se pueda entrar en una etapa en la cual el gobierno y la oposición puedan hacer comunicación política de altas miras. Con todo respeto, ya es tiempo de pensar en un modelo de comunicación que privilegie las ventajas debidas de los competidores y deje de lado su obsesión por la equidad ficticia.

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Por mi parte, tiendo a pensar que se trata de una debilidad, porque prohíja su tendencia al autismo (corporativo) y les significa un obstáculo a asumir que les alcanzaron los tiempos de ejercer la autocrítica y poner en duda sus narrativas y sus herramientas de pensamiento.

De entre sus expresiones sintomáticas, por un lado, destaca el relato acerca de la idílica etapa de construcción del Estado de Derecho, cimentada en la división de poderes y los organismos constitucionales autónomos; y por el otro, la forja de la democracia electoral, con el INE y el Tribunal Electoral a la cabeza, a la que en palabras del exdirector de Flacso México, Francisco Valdés Ugalde,  le debemos  “que desde 1996, tengamos elecciones más libres y equitativas, como lo prueban todos los estudios serios”. Lo que, salvo mayor evidencia, hace suponer que se refiere a los estudios que comparten tal línea de interpretación.

El corolario del relato es que, a juzgar por los sucesos de los últimos cuatro meses,   la 4T está colonizando el Estado de Derecho (Woldenberg), edificando un Estado contrario al Derecho, a la sociedad y a la democracia (Valdés Ugalde); esto es, destruyendo a paso acelerado las conquistas civilizatorias de los últimos cinco lustros, “que tanto esfuerzo nos han significado a los mexicanos”.

Frente a esta narrativa, AMLO y la 4T enderezan la suya propia. Y en ésta, lo que se despliega es un mentís, punto por punto, que versa sobre una estrategia de simulación sistemática, orientada a hacer pasar el Estado fallido como de Derecho, la sumisión a los intereses fácticos como autonomía de los organismos constitucionales, y la alternancia entre el club del agandalle (PRI-PAN-PRD, más satélites) como pluralidad política y competencia democrática.

En el choque de relatos, ciertamente, hay una asimetría de capital académico favorable a la intelectualidad orgánica del viejo régimen. Un cúmulo considerable de politólogos del CIDE, Colmex, Flacso e ITAM arrastran la pluma o el cursor en abono de la narrativa idílica. Ellos sostienen que proceden por convicción científica y respeto por la verdad. Hay quienes sospechan, el que esto escribe entre ellos, que media una empatía clasista, expresada en posiciones, habitus y estilos de vida que  los acercan a los damnificados del cambio y les alejan de sus impulsores.

Preguntarse a qué relato le asiste la verdad o quién está mintiendo, puede ser un ejercicio interesante, puesto que, hasta indican las reglas de experiencia en la materia, cierta dosis de verdad suele ser un ingrediente necesario en el éxito movilizador de las narrativas. Lejos de lo que puede pensarse, no advierto que en un eventual balance, con las reglas de la ciencia a la mano, la ventaja esté del lado quienes detentan mayor capital académico.

Asumiendo el punto de vista y la narrativa de la 4T, existe evidencia suficiente para falsear, o al menos para hacer tambalear, los asertos sobre los supuestos avances civilizatorios del régimen anterior.

Por su parte, asumiendo el óptica de la intelectualidad opositora, existe evidencia suficiente para falsear, o cuando menos poner en serios aprietos, la legalidad o la democraticídad de muchas de las decisiones políticas del gobierno actual, entre ellas, el acoso a los organismos jurídicamente autónomos o el proceso de renovación de los cuatro integrantes de la Comisión Reguladora de Energía.

La existencia de falacias y falsedades en ambos lados no es razón para concluir que se vive una situación de empate, principalmente porque la política es el campo de batalla decisivo en el desenlace.

Dicho con crudeza, lo que importa aquí es cuál de los dos relatos atrae más creyentes. A juzgar por las energías menguantes de las fuerzas de oposición organizadas y por la aceptación elevada del gobierno actual, no hay lugar a la duda de hacia dónde se inclina la balanza.

Tengo la impresión de que, para bien o para mal, la intelectualidad, incluyendo sobre todo la todavía hoy no se da cuenta de que no ve, está llamada a jugar un papel relevante en la construcción de la era histórica que hoy se abre.

Haciendo eco a lo señalado por Heinz von Foerster en una conferencia magistral sobre epistemología: cuando en la vida social subsisten dos relatos antagónicos es por la simple razón de que no se han escuchado.

Una discusión aparte es a qué parte corresponde o beneficia mayormente tomar la iniciativa de abrirse a la escucha. Al margen de cualquier respuesta, la intelectualidad orgánica del viejo régimen exhibe pocos arrestos de autocrítica; por ejemplo, distan mucho de entender que su reputación está mermada y, por ende, que no son el interlocutor válido de antaño. Peor aún, están cerca de convertirse en el portavoz de lo que hay que interpretar en sentido contrario.

La disyuntiva de los intelectuales que despotrican contra el gobierno actual desde la narrativa idílica —y, por falaz reaccionaria— dibuja las opciones de regodearse en el autismo y seguir hablando para sí mismo, o ejercer la autocrítica y abrir el debate hacia lo que no se tiene pero se anhela: Estado de Derecho y democracia.

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Para este pronóstico, no se requiere especial agudeza. Cualquier persona medianamente interesada está al tanto de cómo los tres partidos políticos de mayor peso en el régimen anterior (PRI, PAN y PRD) desplegaron una cuidadosa estrategia de captura de las instituciones supuestamente autónomas, para ponerlas al servicio de la plutocracia.

En la fina trama que construyeron para competir sin poner en riesgo su lucrativa convivencia, las élites partidistas sostuvieron contra viento y marea la regla dorada del reparto por cuotas. Para hacer menos grotescos los repartos, tuvieron el gesto de elegir personas con altos perfiles académicos o trayectorias profesionales exitosas. Al buen entendedor, pocas palabras: apostaron por suplir las truculencias y el reparto por cuotas  con el prestigio de los notables reclutados.

En la historia por escribir, habrá que documentar los términos del intercambio entre las élites partidistas y las personas reputadas que fueron impulsadas a los cargos de dirección de los citados órganos constitucionales. Por el momento, sirva para la imaginación sociológica el caso del afamado historiador Enrique Krauze, opositor confeso a la 4T, que acredita la generosidad de las elites gubernamentales con sus portavoces consentidos.

Hasta donde es posible observar, el diagnóstico de AMLO sobre los órganos constitucionales es acertado. De modo invariable, su integración expresó el consenso alcanzado entre las tres fuerzas políticas dominantes en el régimen anterior y derrotadas por el presente. He aquí la clave del éxito que sirvió de base del proceso de sujeción de dichas instituciones a los intereses plutocráticos.

Si existen dudas acerca de la truculenta historia de la colonización plutocrática de los organismos autónomos, ahí están los sondeos de opinión y los índices que muestran el declive de la confianza social en su desempeño.

En esta historia, hay ya por lo menos dos capítulos a la vista. Uno se refiere a la Comisión Federal de Competencia (COFECE), que acusó las renuncias, al parecer forzadas, de algunos comisionados y los amagos de denuncia hacia el actual presidente de dicha institución. Y el otro se relaciona con la renovación de cuatro de los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en la que contra el viento y la marea de los senadores de oposición prevaleció la voluntad presidencial.

Lo interesante es que en la coyuntura política actual se vislumbra un capítulo más, esta vez con el Instituto Nacional Electoral (INE) como protagonista, que podría ser la madre de las batallas por el control de los órganos autónomos De confirmarse los rumores sobre las iniciativas en puerta, la batalla tendría como contexto una reforma político-constitucional de gran calado, que pondrá sobre la mesa la supresión de los 32 organismos electorales locales y una reingeniería organizacional a fondo.

De entre las propuestas, destaca la modificación de la integración del máximo órgano de dirección, el Consejo General, que pasaría de 11 a siete consejeros electorales con derecho de voz y voto; y, dado que podría ser considerado un nuevo órgano, abriría la puerta a la renuncia masiva y a un proceso de selección con ventaja inmensa para Morena, cuyo papel ha sido tangencial en la designación de los consejeros en funciones.

Tengo la impresión de que el último artículo de José Woldenberg, Colonizar el Estado, sin decirlo abiertamente, pone el dedo en la llaga del futuro de la institución que él dirigió y a cuyo engrandecimiento contribuyó. Si su cálculo es que Morena se apresta a una integración del Consejo General más afín a sus intereses, resulta  difícil no concederle algo de razón, por más que su diagnóstico sea sesgado y omiso a las secuelas de dos décadas de colonización de los órganos autónomos, basadas en el reparto por cuotas.

Si se evalúa la evidencia histórica, es inevitable colegir que antes del arribo al poder de la 4T, la colonización de los organismos autónomos era un hecho consumado. En tal virtud, no comparto la hipótesis de Woldenberg de que, por la vía de un proceso de colonización en marcha,  la 4T está destruyendo el capital de autonomía institucional preexistente.

Además de falaz, la hipótesis de la colonización del Estado tiene el inconveniente de ser políticamente estéril. A todas luces, la visión de AMLO apunta hacia la supresión de las zonas de alta incertidumbre, hoy bajo el control del régimen derrotado, delineadas por los llamados organismos constitucionales.

Dicho con toda crudeza, si el dilema fuese elegir entre organismos “autónomos” colonizados por las fuerzas del régimen anterior u organismos colonizados por las propias fuerzas, es clara la preferencia de AMLO y es claro también el desenlace esperable.

Una buena pregunta es sobre las probabilidades en el México actual del escenario de construcción de organismos constitucionales autónomos, que ofrezcan mayor viabilidad política y económica al Estado mexicano. Por hoy, tengo la impresión de que uno de los principales obstáculos es la obcecación de los intelectuales orgánicos a preservar el relato de que México iba por el buen camino del Estado de Derecho y la democracia representativa hasta que una fuerza política liderada por un Mesías populista irrumpió para echar por la borda décadas y décadas de avances.

Lo que los opositores a ultranza de la 4T y los intelectuales orgánicos del régimen antiguo se resisten a entender es su papel activo en la reproducción del círculo vicioso que tanto detestan.

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La cercanía de la política con la educación, por cierto, dista mucho de ser accidental, pues encuentra su principal anclaje en el Artículo 3º  constitucional, que mandata a los gobiernos a impartir la educación obligatoria, siempre atendiendo al cumplimiento del principio de gratuidad.

A estas alturas del partido, y atendiendo a las señales inequívocas de que, en la comparativa con los sistemas educativos de la OCDE, el nuestro sale muy mal parado en lo que concierne al grado de aprovechamiento de los aprendizajes básicos, el español y las matemáticas, por ejemplo, quizás sea tiempo de plantearnos dilemas desafiantes e impulsar debates abiertos sobre las opciones de mejora a nuestro alcance.

De entre los primeros dilemas a considerar, uno digno de ser tenido en cuenta podría ser el siguiente: ¿cuál sería tu postura si estuvieses en la disyuntiva de preservar la obligación del gobierno como impartidor de educación o preservar el principio de gratuidad de la educación obligatoria? 

Dicha pregunta, quizás por dolorosa, revela mayor potencial de utilidad. Formados como estamos en la creencia de que es indisoluble la ecuación de la gratuidad educativa y la impartición por parte del gobierno, mostramos una aversión marcada y  espontánea a tener en cuenta alternativas educativas que desbordan los moldes tradicionales.

Ala luz de la información sobre la relevancia estratégica del sistema escolar en el desarrollo individual y colectivo, en modo alguno resulta desdeñable colocar la gratuidad de la educación obligatoria por encima de la obligación del gobierno como educador directo.

Y así llegamos nuevamente al punto de partida: la insana cercanía de la escuela con la política. De ahí la importancia de otro ejercicio dilemático: ¿cuál sería su postura en la encrucijada de dar preferencia al papel de rector del gobierno, garante de los planes y programas de estudio, o dar preferencia a su papel de impartidor, es decir, gestor público de las escuelas y patrón magisterial?

Tal disyuntiva, justo es reconocer, no precisamente flota en el aire. El diseño constitucional de nuestro sistema educativo prohijó la organización sindical de mayor tamaño y capacidad de injerencia en la gestión educativa de América Latina en su conjunto.  

Naturalmente, no está aquí a debate el derecho a la sindicalización  y la valía histórica de los sindicatos libres y autónomos como factor de diálogo y construcción de equilibrios. En cambio, está a discusión la compatibilidad en nuestro diseño entre el cumplimiento de las funciones educativas y el cumplimiento de las funciones patronales del gobierno.

A propósito de la tensión entre ambas funciones, nada más ilustrativo que lo acontecido en el sexenio anterior en relación a la implementación del modelo de evaluación del desempeño de los maestros con repercusiones en la conservación o no del empleo.

Más allá de las connotaciones e intereses políticos en juego, en punto es que, desde el criterio de idoneidad académica, es preferible una opción con incentivos de profesionalización fuertes que una opción con incentivos laxos.

Al margen de lo anterior, una cuestión insoslayable de ser analizada son los vasos comunicantes que se tejieron y profundizaron en la historia reciente entre la cúpulas magisteriales y las elites político-gubernamentales, basadas en el intercambio de servicios electorales y prebendas financieras.

Todo lo anterior viene a cuento por el desencuentro que hoy se vive entre la dirigencia de la CNTE, principal aunque no exclusivamente, y los diputados de la actual legislatura a propósito del dictamen de la iniciativa para la reforma educativa.

De ser cierto el decir de los diputados Mario Delgado y Gerardo Fernández Noroña, en el sentido de que el dictamen vigente o el que está en proceso de reelaboración retoman las expectativas más sensibles y que las movilizaciones son producto del desconocimiento del contenido de dichos documentos por parte del magisterio, cobra vigor la percepción de que estamos frente a un episodio más de la disputa por el control del sistema educativo y, dicho sea de paso, de una porción significativa  del presupuesto federal .

En tal contexto, no parece ser una buena noticia para el futuro del sistema escolar el potencial de movilización y amenazas desplegado por las huestes sindicales a la hora de cerrar los accesos a la sede de la Cámara de Diputados, sobre todo porque ello ocurre al margen de una disputa entre proyectos educativos y parece enfilarse hacia una disputa política y laboral.

¿Podría ser de otro modo? Casi seguramente, la respuesta es no. El diseño constitucional vigente prohíja la politización del sistema escolar y genera un esquema de incentivos perversos. Las élites magisteriales lo entienden a la perfección y, puede darse por descontado, que están dispuestas a sacar el máximo provecho.

El tiempo de repensar a fondo el modelo educativo para el país que queremos forjar, sin lugar a dudas, hace rato que nos alcanzó. Una de las ideas-fuerza más llamativas del discurso oficial reciente, quizás actual, es colocar en el centro al alumno. Huelgan las explicaciones de por qué. Otro asunto pasa por la asunción de que la despolitización de la gestión educativa es, quizás, su condición de posibilidad necesaria.

*Analista político

*Presidente del Centro de Investigación Internacional del Trabajo.

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¿Ironias de la historia o justicia divina? Quizás algo de ambas. Lo cierto es que hoy  Enrique Krauze se encuentra de nueva cuenta en el centro de la palestra… o el ojo del huracán, sólo que hoy no aparece en el papel de moderador de un encuentro lustroso entre intelectuales sino como protagoniosta de una historia que le impone el papel de villano intelectual reclutado mediante sobornos por un régimen rapaz y, más recientemente, por empresarios pudientes interesados en la preservación de dicho régimen.

Con intención o sin ella, allí lo colocó la diputada Tatiana Clouthier, luego de las  revelaciones contenidas en su reciente publicación de Juntos hicimos historia, que  documentan la existencia de una acción concertada entre Krauze y pudientes empresarios, entre ellos los dueños de Coppel y Cinépolis, para operar una estrategia de propaganda sucia en contra del en ese entonces candidato y hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Más allá de sus aristas anecdóticas, el caso Krauze ofrece la oportunidad de repensar la historia política reciente, la situación actual y, especialmente, los pendientes y desafíos en la posible construcción de un nuevo régimen. A la distancia de poco más de 30 años, el detalle digno de ser resaltado es que de la poderosa trilogía del régimen rapaz integrada por el PRI,Televisa y los intelectuales orgánicos, reclutados éstos a cambio de sobornos, sólo queda en pie esta última.

Menospreciar o soslayar el patrón histórico de la relación entre las elites políticas y las elites intelectuales de nuestro país, además de ingenuo, resulta un proceder por demás riesgoso e irresponsable. Imprecisiones conceptuales aparte, el dedo puesto en la llaga por Vargas Llosa hace 28 años, por actual, sigue doliendo.

El problema, para que quede claro, no estriba en la existencia misma de vasos comunicantes entre políticos e intelectuales. Más aún, la complejidad de los problemas públicos puede operar como aliciente en la incorporación de los diagnósticos científicos en las propuestas de solución y, a la vez, la cercanía con los problemas de política pública sienta la oportunidad para que el saber especializado adquiera pertinencia práctica.

Una historia cualitativamente distinta es la que resulta cuando desde el poder —político, económico o mediático—, a través de prebendas y sobornos, se reclutan intelectuales para encumbrarlos y convertirlos en portavoces de relatos a modo o a petición de parte para defender los intereses privados de sus patrocinadores. En éste, que es el peor de los escenarios posibles, el éxito de los partícipes del contubernio entre políticos-empresarios sobornantes e intelectuales sobornados tiene un desenlace conocido: un régimen político rapaz e incapaz de observarse a sí mismo y auto corregirse.

Vargas Llosa tenía razón en su intervención de 1990. La perfección del régimen rapaz, apto para generar estabilidad sin desarrollo económico y preservarse sin necesidad de apelar al uso de la fuerza, había estribado en su aptitud histórica para reclutar, mediante soborno, intelectuales connotados.

Los señalamientos de Tatiana Clouthier sobre el historiador Enrique Krauze, de este modo, abren la puerta a que la 4T se haga cargo de un problema público que no es de menor calado y sí de urgente solución: el desmontaje de las mafias intelectuales que operan subterráneamente y al margen de la ley en el tejido institucional mexicano y el impulso de una genuina política estatal que siente las bases de una cooperación recíprocamente productiva para el quehacer político y el quehacer científico-intelectual.

Me temo que AMLO puede estarse equivocando en su estrategia de referirse al caso Krauze en términos del ejercicio de la libertad de expresión por parte de un intelectual opositor. Desde la perspectiva legal, y con los indicios documentales y los testimonios disponibles, todo parece apuntar a que asistimos a un caso de asociación delictuosa y con potencial de conductas violatorias de diversos preceptos electorales.

Se entiende, y hasta puede calificarse como inteligente, la movida inicial de Krauze, consistente en colocarse como potencial perseguido político de la 4T. Sin menoscabo de ello, existen los méritos para abrir investigación y explorar la apertura de un proceso judicial. Santiago Nieto ya dio los primeros pasos. El INE, también, tiene la palabra.

Pese a todo, no hay poder que ponga a salvo a Krauze de las consecuencias más gravosas para un intelectual: la pérdida de reputación. El desafío que tiene por delante es intentar justificar lo éticamente injustificable: comportarse como vil gatillero a sueldo.

En esta historia, que apenas empieza, un ingrediente sintomático adicional será el papel de los intelectuales y sus posicionamientos en relación al caso Krauze. Por razones que escapan al presente pero que operan ostensiblemente, los intelectuales orgánicos juegan bien el papel de ayudarse e impedir que su labor como observadores especializados adquiera visibilidad pública.

Ya es tiempo de que la lupa de la corrupción subsane su punto ciego y ponga al descubierto el más oculto de los contubernios.

*Analista político

*Presidente del Centro de Investigación Internacional del Trabajo

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Tantas iniciativas sobre un mismo rubro no necesariamente son una buena noticia ni tampoco un signo saludable de productividad legislativa. En el espectro de lo modificable se yerguen propuestas de todo tipo: fusionar plazas para reducir la carga salarial; desaparecer los OPLE y dejar las responsabilidades en el INE; reducir el tamaño del Consejo General, mediante la desaparición de cuatro cargos de consejero con derecho de voz y voto; y así por el estilo.

Ostensiblemente, estas y la mayor parte de las iniciativas abrevan de un afán similar: reducir los costos de organización de los comicios y ensanchar el margen de oportunidad de financiamiento de los programas sociales.

Vistas en lo individual, y sin necesidad de una evaluación a detalle, es evidente que el común de las iniciativas es su pertinencia técnica en relación al fin estratégico explícito, consistente en generar ahorros.

Una pregunta distinta apunta hacia impactos no previstos de iniciativas  distintas aprobadas de manera paralela, simultánea o en cercanía temporal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la organización comicial si se aprobaran a la vez las iniciativas del recorte de la plantilla de funcionarios electorales del INE y la desaparición de los organismos electorales locales?

Respuesta altamente plausible: una merma notoria en la eficacia operativa y técnica de los órganos responsables de la admisión y cómputo inicial del voto. Más aún, extrañaríamos las tasas históricas de efectividad cercanas a la perfección en las tareas cruciales de la instalación de casillas y la selección-capacitación de funcionarios electorales.

La inusual cantidad de iniciativas, de este modo, fluye en un contexto de deliberación pública y política poco fértil y por demás peligroso. Para nadie es un secreto que los momios del INE y los OPLE, medidos por la confianza social que suscitan, resultan muy bajos y, por si fuese poco, acusan una tendencia histórica a la baja.

Tan cierto como ello resulta la inclinación de la 4T a impulsar iniciativas de austeridad que expandan su margen para soportar las presiones de financiamiento provocadas por los programas sociales prioritarios y fortalecer el simbolismo de un gobierno sensible a las causas de los que menos tienen.

En tal contexto, resulta cada vez más grande el riesgo de dar cabida y aceptación a iniciativas de reforma electoral que, en lo individual, ofrecen la ventaja del ahorros fiscal, pero que en su potencial efecto combinado podrían generar daños de consideración a la organización comicial.

Es un poco difícil de determinar cuál de los inconvenientes es mayor si el descrédito social del INE por la cercanía y sujeción de los consejeros en turno a la voluntad de las elites partidarias del régimen anterior o el menosprecio de la alta dirigencia de la 4T por el desempeño poco autónomo de dicho organismo.

En cambio, poco lugar hay a la duda de que frente al desafío del vaciamiento de las energías de oposición en el régimen político y la mutación tendencial hacia un sistema de partidos escasamente competitivo, se yergue la necesidad de colocar el futuro del INE dentro de una visión estatal y de largo plazo.

Más de allá de que son precarios en el corto plazo los incentivos para encaminarse hacia una reforma político-electoral integral, resulta igualmente cierta la existencia de un margen de oportunidad para proceder, sobre la base de un diagnóstico fino y con conocimiento de causa, a una cirugía mayor.

El diseño institucional del INE, por donde quiera que se le vea, acusa el peso de una larga herencia de fraudes y desconfianza electorales. Su entramado organizativo y regulatorio descansa, además de gigante, descansa en el recurso a la observación sistemática e injerencia de los partidos políticos en la agenda organizativa, lo que le convierte en una maquinaria lenta, pesada y con costos operativos excesivos.

Cualquiera sea el modelo político-constitucional al que se enderece la 4T, requerirá un entramado legal e institucional para organizar comicios de todo tipo o poner en práctica los instrumentos de la democracia directa. En tal virtud, estarían bien invertidos los recursos para impulsar un nuevo modelo de arbitraje electoral, ajustado a los principios de autonomía y profesionalismo y, a la par, alejado de los vicios y disfuncionalidades de la etapa partidocrática.

Entre otros desafíos, el nuevo modelo tiene que ser a toda prueba de las exigencias de austeridad republicana. Sin menoscabo de ello, en lugar de reducir la cuestión al mero objetivo de cómo gastar menos, se impone asumir una perspectiva que haga mayor justicia a los imperativos democráticos del Estado mexicano de dotarse de mecanismos para organizar elecciones justas y libres de manera periódica y, a la vez, de acompañar el giro hacia la ampliación e intensificación de las prácticas de la democracia participativa.

En la coyuntura actual, es clara la falta de autoridad moral de los consejeros electorales del INE para colocarse como voces autorizadas en los cambios electorales por venir. Peor aún, su condición de resabios ingratos del viejo arreglo de las cuotas y los cuates, ofrece  indicios para sospechar que existe la voluntad de  dañar lo que ellos representan.

Quizás la mejor opción que los consejeros en turno tienen a su disposición para intentar incidir en el curso de los acontecimientos es construir un legado sobre el INE que el régimen en formación reclama y, simultáneamente, ofrecer como colectivo la renuncia.

Más allá de la dudosa factibilidad del escenario en comento, se encuentra también la certeza de que su continuidad como directivos del INE es incompatible con el diagnóstico de falta de autonomía y la visión de austeridad de la 4T. ¿Será que los consejeros electorales tendrán los arrestos para no morir gratis?

*Analista político

*Presidente del Centro de Investigación Internacional del Trabajo

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Desde el lado opositor, las suspicacias brotan espontáneamente y las tentativas fallidas de comprensión también. O los sondeos de las encuestadoras están hechos a modo para generar resultados trucados, o la efervescente popularidad de AMLO desborda los recursos científicamente disponibles de los expertos para dar cuenta de ello, o el punto de vista de los críticos acusa el mal de ceguera progresiva.

Conviene detenerse en esas probabilidades. La plausibilidad de la hipótesis del mega fraude informativo presupondría al menos dos condiciones de posibilidad necesarias aunque no suficientes: primera, plena cooperación de las encuestadoras para forzar ese resultado; y segunda, plena cooperación para guardar el secreto.

Hasta donde es posible observar, no existen indicios que brinden soporte empírico a la hipótesis de la conjura desinformativa ni tampoco a la verdad que le es reconocible a la afirmación de que asistimos en nuestro país a un fenómeno de legitimación ascendente y sin precedentes de un líder carismático.

Más complicado de descifrar resulta el escenario de la insuficiencia científico-metodológica para dar cuenta de los cómo y los por qué una fuerza política que logra un triunfo avasallante experimenta una tendencia creciente de legitimidad sin precedentes en la historia política internacional reciente, sobre todo si se desatiende  críticamente la validez de la pregunta.

Una mirada pronta a las interrogantes de la crítica opositora basta para develar la premisa en que descansan: dar por verdad objetiva e inatacable los dichos de que la gestión gubernamental actual es punto menos que atroz. Luego de eso, es corta la distancia que conduce a la pregunta aparentemente inocua de ¿por qué la  popularidad de AMLO crece como la espuma, pese a sus crasos errores en las decisiones estratégicas, a que el país marcha directo al desfiladero y a que no hay datos “duros” que indiquen una mejora en las condiciones de bienestar de los mexicanos?

A la mirada presuntamente experta de la crítica opositora, más allá de que lo callan por temor cierto o pudor falso, la popularidad de AMLO se yergue como un monumento a la estupidez colectiva. En su peculiar entender, un fenómeno inaudito, toda vez que atenta contra los estándares básicos de la racionalidad: los deseos perennes de estar bien (fines-valores), guiados por los creencias acerca de los mecanismos técnicamente efectivos para satisfacerlos (medios de la acción) y las virtudes de la inteligencia para sopesarlos.

Desde tal perspectiva, así, es dable colegir que se requiere estupidez extrema y generalizada como para experimentar mejoría o aceptación ante un líder tan populista y dictatorial como torpe para entender la lógica económica del mundo global y ajustarse a los designios de los grandes inversionistas.

Lo inexplicable —y, por añadidura, indigerible— para el punto de vista opositor es el comportamiento irracional y generalizado de los mexicanos de aprecio creciente hacia el presidente en turno, situación que es relativamente fácil de comprender explicativamente.

A la mirada típica promedio de los mexicanos, resultan loables decisiones tan controversiales como cancelar el proyecto del aeropuerto en Texcoco, pese a las cuantiosas pérdidas; combatir frontalmente la corrupción y retomar el control de Pemex, pese a las reacciones negativas de las valuadoras internacionales de riesgo; o impulsar el Tren Maya y redistribuir la inversión pública, pese a las reticencias de la industria del turismo.

Más aún, para colmo del entender racionalista estándar, dichas medidas no sólo gozan del aprecio colectivo, sino que son incorporadas como ingredientes que ensanchan el margen de experiencias del bienestar o satisfacción presentes de la población.

En tales circunstancias, la pregunta científicamente pertinente no es ¿por qué si las cosas van tan mal los mexicanos le tenemos tanto aprecio a AMLO?, sino ¿cuáles son las condiciones que hicieron posible la incubación y socialización generalizada  de estándares de experiencia y acción tan favorables a AMLO y la Cuarta Transformación?

Los actos de resistencia de la crítica opositora, lo mismo intelectual que política, frente al éxito hasta ahora efervescente de AMLO, al igual que sus límites para entender dónde están parados, anclan en su indisposición para ver lo que no pueden ver: que un nuevo arreglo político emerge desde los escombros del Estado fallido y las espirales de la corrupción y la impunidad.

Los estándares de observación del punto de vista opositor, anclados en las distinciones clásica del tipo populismo-liberalismo o democracia-autoritarismo, entre otras, se tornaron marginales tanto en el plano de la observación como en el del obrar político.

El síntoma más claro e irrecusable de la intrascendencia explicativa y la esterilidad política del actual punto de vista opositor es su perplejidad confesa ante lo que para el lego de la 4T es claro: que sus síntomas de molestia y desaprobación ante las decisiones de AMLO no sólo son música para sus oídos, sino la prueba irrecusable de su inherente bondad.

El panorama opositor luce vacío y sin posibilidades en el corto plazo mexicano. La lucha por el premio a lo patético luce muy competida entre los resabios de la partidocracia, cuya extinción es cosa de tiempo; y los escombros de su intelectualidad orgánica, cuyos miembros siguen gozando de sus rentas y tienen trecho por delante.

*Analista político

*Presidente del Centro de Investigación Internacional del Trabajo

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La iniciativa apunta cruda y llanamente al objetivo estratégico del ahorro presupuestal. Para tal efecto, en el entendido de que existe duplicidad entre las tareas de la vocalías de organización electoral y las vocalías de capacitación electoral y educación cívica,  propone fusionarlas en una sola figura: la Vocalía de Capacitación, Organización Electoral y Educación Cívica.

Tal operación traería como efecto inmediato el despido de 332 funcionarios de la plantilla del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del INE: 32 vocales locales y 300 vocales distritales.

A la distancia de una historia institucional de casi 30 años, que arranca en octubre de 1990, no hay el menor lugar a la duda de que se está frente a la reforma de mayor impacto en la estructura organizacional del INE, antes IFE, que equivale a la desaparición de una de cada cinco funcionarios permanentes en los 332 órganos desconcentrados o a una reducción de cerca del 15% respecto del cuerpo de funcionarios electorales permanentes del Instituto.

El hecho cobra significado al trasluz del patrón histórico del Legislador, cuyos afanes reformistas de 1993, 1994, 1996, 2007, 2014 y 2018 exhibieron el común denominador de no tocar ni con el pétalo de una rosa la columna vertebral de la organización comicial y, sin duda, la clave de la colosal eficacia operativa y técnica del Instituto.

Se dice fácil pero no existen en comparativos cercanos a las tasas de efectividad, cercanas al 100%, en lo que a los componentes críticos de la admisión y cómputo inicial de votos se refiere: cobertura del padrón electoral, credencialización de los electores, instalación de las casillas, etc.

Aritméticamente, el cálculo es contundente: el adelgazamiento de 332 cargos de la plantilla disminuirá la carga presupuestaria del capítulo 1000 del INE, con lo que se satisfará el propósito explícito de mayor austeridad. No obstante, queda la duda acerca de las consecuencias de dicha reducción en el rendimiento probable de la nueva figura del Vocal de Capacitación, Organización Electoral y Educación Cívica, sobre cuyos hombros habrá de descansar la mejor herencia del árbitro electoral.

Al futuro de 332 funcionarios permanentes del INE le viene a la medida el viejo adagio de “pagan justos por pecadores”. Si fuese el caso, el debate parlamentario discurrirá en un clima signado por la desconfianza institucional, que en buena medida es atribuible a los yerros y omisiones de los consejeros electorales y a su poca prestancia para honrar la autonomía. He ahí la razón de peso por la cual el hilo se romperá por lo más delgado.

Sería bueno saber si los consejeros electorales en funciones fueron o no consultados para un cambio organizacional de tal magnitud. Lo más probable es que no y eso es parte del problema actual: su carencia de autoridad moral y de estima social, por un lado; y la acendrada desconfianza que provoca su origen y cercanía a la partidocracia en la dirigencia de la 4T.

Sin menoscabo del esfuerzo de austeridad republicana que inspira la iniciativa de Pablo Gómez, cabe señalar que ésta se queda muy pero muy corta en relación con la imperiosa necesidad de una reforma político-electoral integral. Es decir, que encare de una buena vez y con solvencia técnica los desafíos de confianza, eficiencia, autonomía y austeridad republicana.

Por donde quiere que se vea, el modelo de arbitraje electoral al que responde el diseño actual del INE acusa los síntomas del desfase y la obsolescencia, entre otras razones, porque sus condiciones de posibilidad —la mediación entre elites partidistas aversivas a la democracia y asociadas en el control monopólico de la representación política— desaparecieron a causa de la vorágine electoral de las pasadas elecciones.

El régimen político que hoy se abre paso reclama un modelo distinto de arbitraje electoral, mucho más cercano al modelo minimalista articulado en torno al núcleo de los ingredientes básicos para el ejercicio del sufragio y la materialización del principio del valor igual del voto: la admisión y cómputo inicial de las boletas, base de la conversión de los votos en escaños.

La historia de los últimos 25 siglos abona a la lección de un error que no debe repetirse: apostar a que la fortaleza del árbitro es una función directa y proporcional a la magnitud de sus facultades. Si bien se mira, la debacle de la confianza institucional está asociada a cuatro funciones básicas del modelo actual: la fiscalización de los ingresos y gastos de los competidores, la administración de los tiempos oficiales, la imposición de sanciones administrativas, y la evaluación-monitoreo y coordinación de los institutos electorales locales.

En buena lógica, se impone tomar en serio avanzar en un modelo minimalista de arbitraje, que descargue en otros órganos del Estado las cuatro funciones señaladas y otras más; por ejemplo, la educación cívica. No se trata tan sólo de que el INE ha sido un rotundo y oneroso fracaso como constructor de ciudadanía sino también de que existen medios institucionales con mayor potencial de implementación: el sistema educativo nacional.

En suma, sin menosprecio del afán de austeridad que le es reconocible a la iniciativa de Pablo Gómez, resulta igualmente cierto que a la 4T le hace falta una reforma electoral integral, que atienda el desafío de desmontar el modelo de arbitraje partidocrático y construir uno funcional a la época que hoy se abre.

Finalmente, un abrazo solidario a los vocales de organización electoral y capacitación electoral y educación cívica, héroes anónimos en las batallas por la eficacia y la confianza electoral, que hoy sin deberla ni temerla viven tiempos de incertidumbre.

*Analista político

*Presidente del Centro de Investigación Internacional del Trabajo, A. C.

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Quienes teníamos inclinación hacia descripciones más específicas y gustábamos de las lecturas de Daniel Cossío Villegas, Pablo González Casanova o Jorge Carpizo McGregor, por ejemplo, enfocábamos la mirada en la estructura y dinámica de la institución presidencial, sus poderes cuasi omnímodos y la regla dorada de que el presidente en turno designaba a su sucesor.

En este encuadre analítico, el PRI y las redes corporativas aparecían como brazos estructurales a través de los cuales la presidencia repartía los cargos de representación popular y, a través de las políticas, asignaba presupuesto y demás bienes selectivos.

En suma, nuestro hablar del presidencialismo mexicano descansaba en el consenso tácito de la descripción de un régimen político cuya especificidad descansaba en la centralidad de la voluntad presidencial.

En tal contexto, dimos en entender la derrota del PRI en el año 2000 como el punto de quiebre del presidencialismo y el inicio de una nueva etapa, ahora democrática, en la que el dedo presidencial, la voluntad de un solo hombre, sería sustituido por el electorado nacional, es decir, la agregación de la voluntad individual de millones de electores.

Embelesados como estábamos por el ingreso súbito y pacífico a la democracia, dejamos de lado la tarea de describir en lo concreto el régimen que emergió de los escombros del presidencialismo, para develar su especificidad y sus alcances comparativos. Los pocos arrestos intelectuales que quedaban apenas fueron suficientes para echar luz sobre uno de los rasgos distintivos de la era política de las alternancias electoralmente resueltas: el encumbramiento de las élites de los partidos políticos y de las élites de las organizaciones corporativistas sobrevivientes de la era del presidencialismo autoritario.

En el argot de legos expertos, razones teóricas aparte, el término partidocracia terminó imponiéndose como la mejor descripción del nuevo régimen. A final de cuentas, razones sobraban para aceptar que el declive del poder presidencial y el empoderamiento de las élites partidistas eran las dos caras de la misma moneda.

Sin menoscabo de lo anterior, la politología mexicana quedó a deber en lo que se refiere a la comprensión de la naturaleza y funcionamiento del régimen político emanado de los escombros del presidencialismo autoritario.

Hoy, a la breve distancia de las elecciones presidenciales pasadas y el déficit de comprensión politológica del régimen político preexistente, apenas y damos en sostener que estamos en el inicio de construcción de un régimen político cualitativamente distinto.

Uno de los signos inequívocos de los nuevos tiempos es la súbita e irreversible extinción del sistema de partidos o, para decirlo en todas sus letras, de la coalición rentista de intereses articulada en torno a la ocupación de los partidos políticos nacionales, vulgarmente conocida como partidocracia.

Otro signo igualmente fácil de reconocer es el vacío de poder provocado por la debacle electoral de los partidos políticos, especialmente los tres de mayor tamaño, que ahora está siendo llenado por Morena, una amalgama de grupos e intereses que dista mucho de ser un partido político, y por el liderazgo carismático del presidente en turno, cuya tasa de aceptación alcanzo hoy niveles históricos.

En este contexto, cobra relevancia la pregunta por la singularidad del régimen político que hoy luce en proceso de estructuración. La pregunta, apenas y hace falta aclararlo, dista mucho de ser vana o prescindible. Para no ir muy lejos, la embestida de AMLO y la 4T en contra de las así denominados organismos autónomos se inscribe en el contexto de la debacle recentísima de la partidocracia.

La  razón es simple de señalar: la designación de los comisionados, consejeros, magistrados etc., que integran los órganos directivos del INE, INAI, CRE, COFECE, IFT, títulos académicos aparte, es producto de los arreglos interpartidistas de reparto por cuotas, bajo la consigna de defender los intereses de sus promotores.

Pésele a quien le pese, a AMLO le asiste la razón al calificar como farsa la autonomía de dichos órganos. En tal virtud, es punto menos que ingenuo pedirle disposición o buena fe para coexistir con los resabios de la partidocracia, disfrazados de autonomía, que él derrotó.

Colocar dicho embate contra dichos organismos como el dilema entre la autonomía y el autoritarismo de la 4T a nada bueno conduce. Defender lo indefendible es desgastante y estéril.

Otro problema es si la mejor salida al desafío que representan los últimos bastiones de la partidocracia es alejarse de un diseño institucional que ha probado ser exitoso en otras latitudes.

Pese a que no encuentro buenas razones para preferir la continuidad con las experiencias autonómicas del México reciente, soy de la opinión que es riesgoso apelar a modelos que centralizan la toma de decisiones y minimizan los contrapesos entre los órganos de dirección y los de ejecución.

Tan cierto como lo anterior es que la ruta por la que avance este curso de acción será sintomática y decisiva para entender el régimen político emergente. Es tiempo de que la politología se haga cargo de echar luz sobre individuo histórico que somos en el contexto de la política-mundo y de la sociedad global. Urge repensar el régimen.

*Analista Político

*Presidente del Centro de Investigación Internacional del Trabajo

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