Ante los señalamientos de que la presidenta municipal de Apan se incrementó el salario sin el consentimiento de la asamblea de su demarcación, la Auditoría Superior del Estado ya realiza las investigaciones respectivas; de ser cierto, María Antonieta de los Ángeles Anaya, deberá regresar los excedentes a las arcas del ayuntamiento que gobierna.
Cabe mencionar que de acuerdo con reportes del síndico de ese lugar, la alcaldesa inició sus labores con un suelo de 52 mil 500 pesos, cantidad que ganaba su antecesor, pero a los pocos meses, ella incrementó su dieta a la cantidad de 80 mil 458 pesos mensuales sin la autorización del Cabildo.
“Citamos al síndico para una reunión de trabajo para conocer más al respecto, pero desafortunadamente no llegó como se había acordado, pero ahora nosotros ya lo citamos porque primeramente fue él el que nos pidió audiencia, pero no llegó, y al ver que hay esta irregularidad, nosotros ya lo estamos haciendo de manera oficial para que nos pueda aclarar la situación que ha manifestado”, señaló el auditor Rodolfo Picazo Molina.
Picazo Molina, refirió que por la autonomía con que se manejan los municipios, son los titulares de los mismos junto con los integrantes del cabildo o la asamblea, los facultados para la aprobación de un aumento a sus dietas y que en este caso como es aparentemente un caso donde no hubo aprobación, corresponde al titular de la tesorería y el síndico iniciar el expediente.
Picazo Molina, señaló que en la audiencia que tengan con el síndico se le recordará cuál es su participación, ya que hay una Ley de Servidores Públicos, y una ley orgánica municipal y un código, donde se señalan las funciones específicas del síndico y de la asamblea para evitar se tipo de situaciones.
Refirió que si funcionarios no hacen su trabajo por el cual cobran, «están sangrando al erario», por lo que es necesario que sean los funcionarios municipales quienes intervengan en este caso, ya que el órgano a su cargo haría la auditoría correspondiente pero hasta febrero del 2018, como lo marca la ley en la materia.
Precisó finamente que debido a la autonomía de las presidencias municipales, la Auditoría a su cargo, no puede fincar alguna responsabilidad de manera directa, sin embargo, en este caso al no haber sido aprobado por el Cabildo se podrá analizar si hubo algún desvío de recursos de algún programa para que el dinero sea regresado a las arcas del municipio.
De acuerdo con el auditor, será en los informes trimestrales en los que se detecten las irregularidades entre ellas el incremento y la asignación de 17 millones de pesos a otros rubros.
