De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), la Corrupción es la acción y efecto de corromper, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir algo o dañarlo, pero el concepto en sí, es utilizado para referirse al abuso de algo en beneficio de una persona o de un tercero.
En la vida diaria, “la corrupción” es la práctica que consiste en abusar del poder, de las funciones o de los medios para sacar un provecho económico o de otra índole, de este concepto se desprende el término “corrupción política”, el cual, se refiere al mal uso o abuso del poder público para obtener una ventaja o un beneficio de forma ilegítima, por ejemplo, cuando un gobernante utiliza el dinero de los impuestos de los ciudadanos para comprar un automóvil de lujo sin una justificación que avale el beneficio directo hacia la población.
Este tipo de acciones son imperdonables y más aún en países donde el nivel de pobreza es alto, por ello se debe de cambiar el rumbo de la corrupción y llevarlo a la transparencia.
En el ámbito internacional, el 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de la ONU, aprobó la Convención contra la Corrupción, la cual, tiene diversos objetivos, entre ellos, adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficiente la corrupción, así como el fortalecimiento de las normas existentes; fomentar la cooperación internacional y la asistencia en la prevención y la lucha contra la corrupción así como promover la integridad, la obligación de rendir cuentas por parte de los gobiernos, así como la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.
Esta Convención, tiene como finalidad crear conciencia contra este problema y difundir el valioso papel de la Convención, como resultado de estos trabajos, la Asamblea designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.
La corrupción, al ser una práctica ilícita, debilita a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho, también, atrofia las bases del desarrollo económico y con ello genera injusticia y desigualdad entre las personas, pues sólo unos cuantos son beneficiados con estas prácticas.
El tema de la corrupción no sólo es a nivel internacional, México no es ajeno a dicho problema, por lo que con la intención de atacar a éste, ha firmado y ratificado tres Convenciones anticorrupción: la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, la Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico y la ya citada Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Asimismo, en México, el 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y recientemente en el Estado de Hidalgo, la Ley en la materia, sentando con ello las bases para la creación de los Sistemas Anticorrupción y combatir de una forma más eficiente este problema social.
México es parte de un mundo globalizado, en el cual, se exige la existencia de certidumbre que motive la inversión, siendo la corrupción un factor que desalienta la inversión nacional y extranjera y tiene como consecuencia a largo plazo, que no se generen los empleos necesarios, lo que se traduce en una mayor pobreza y desigualdad, pues no es solamente la pérdida de empleos, sino también la disminución de ingresos por concepto de impuestos o derechos, repercutiendo directamente en las finanzas públicas y como consecuencia en el desarrollo de esta Nación.
Las personas que son corruptas, no toman en cuenta que la sociedad en conjunto se ve afectada, toda vez que la inversión pública, ya sea en materia de salud, educación o infraestructura, entre otras, no llega a las personas, lo que implica que el Estado no pueda cumplir a ciencia cierta con el bienestar social y con el desarrollo integral de las personas.
De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2014 elaborado por Transparencia Internacional, organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, México obtuvo una puntuación de 35 sobre 100 y se ubicó en la vergonzosa posición 103 de 175 países, junto con Bolivia, Moldavia y Nigeria en cuanto a los niveles de corrupción.
La escala va de cero (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción). Pese a mejorar un punto entre 2013 y 2014, pasando de una calificación de 34 a 35, el hecho de que otros países también mejoraran en el mismo periodo y de que el índice mide ahora a dos países menos (175), hace que los cambios registrados en México no sean considerados como significativos.
Sin lugar a duda, todos y todas esperamos que estos instrumentos jurídicos y estudios, para combatir la corrupción, tengan resultados favorables, sin embargo, debemos tener conciencia de que para atacar dicho problema requiere que tanto autoridades y sociedad, asuman el compromiso real y efectivo para consolidar un Estado de Derecho sin corrupción, que se vea reflejado en el bienestar de la sociedad en general, en su crecimiento, desarrollo y en la garantía de sus derechos humanos.
Lic. Juan Canales Espinoza
Visitador Regional de la CDHEH en Tizayuca
