Jorge Esqueda
La toma del poder judicial de El Salvador por el presidente de ese país, Nayib Bukele, no es una acción inédita, es al menos la segunda ocasión en que el mandatario pasa por encima de los otros poderes del país centroamericano, y en ambos casos, apunta a la operación de un sistema institucional bajo la voluntad de un solo hombre: él.
Debe recordarse que en febrero del año pasado el mismo Bukele puso el ultimátum a la Asamblea Legislativa, en ese entonces de mayoría opositora, para que le aprobara la suscripción de un préstamo por 109 millones de dólares para aplicarlo a tareas de seguridad, un rubro necesarísimo en esa nación.
Pero lo destacado de hace casi 15 meses fue que el jefe del Ejecutivo salvadoreño llegó al salón de sesiones legislativo resguardado por soldados y policías, todos ellos armados como si fueran a la guerra, como si corriera inminente riesgo. Y luego se sentó en el lugar del presidente de sesiones y oró.
Apenas el domingo 28 de febrero pasado, Bukele vio cómo los salvadoreños le entregaban la Asamblea Legislativa, gracias a que alcanzó la mayoría absoluta de posiciones con su partido Nuevas Ideas, enviando a los partidos hasta el momento con mayoría, literalmente al basurero: la Alianza Nacional Republicana (Arena) y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), actor central de años de guerra intestina en esa nación el siglo pasado.
Es muy sencillo despotricar contra el presidente salvadoreño porque luego de su irrupción rodeado de militares y policías de hace un año al recinto legislativo, ahora el primer acto del nuevo poder legislativo bajo su sombra haya sido cesar a los miembros de la Sala de lo Constitucional y reemplazarlos por jueces afines al poder ejecutivo, debido a que los destituidos resolvieron prohibir la detención de las personas que se negaran a acatar la cuarentena domiciliaria obligatoria para detener la pandedmia de Covid-19.
En su cuenta de Twitter escribió justo hace un año al explicar su negativa a obedecer a los magistrados, que así como se negaría a obedecer una orden para matar salvadoreños, tampoco puede acatar otra que le ordene dejarlos morir.
En el fondo del enfrentamiento ejecutivo-judicial, hay al menos dos situaciones.
El 16 de enero de 1992 Arena y el FMLN, en el Castillo de Chapultepec, firmaron el Acuerdo de Paz que terminó la guerra civil que costó la vida a alrededor de 70 mil salvadorños. Pero luego de 29 años de ese documento, es difícil afirmar que El Salvador ha superado las condiciones sociales y económicas que generaron esa guerra. La persistencia de las pandillas, la explosión del narcotráfico y la fuerte emigración sin documentos de salvadoreños a Estados Unidos, parecen mostrar que ni la guerra ni los acuerdos de paz han resuelto algo.
Y entonces es cuando la gente supone, cree, piensa, desea, que un hombre como Bukele tiene la capacidad para resolver por él mismo y solo él, lo que no ha sido resuelto por las armas ni por los acuerdos.
No es el único caso en el mundo. Hungría bajo el gobierno de Viktor Orbán tiene un perfil similar luego de que la instauración de una economía de mercado no parece rendir mejores cuentas que las deficientes del viejo sistema comunista.
Otros ejemplos son Vladimir Putin en Rusia o Recep Tayyip Erdogan en Turquía, políticos que parecen seguir las normas de un sistema democrático, pero aprovechan cualquier fisura para darle la vuelta, o de plano atropellarlo para imponer soluciones que, desafortunadamente, no son mágicas.
Existe, como se ha escrito desde hace varios años, una insatisfacción de la gente con la democracia, pero no se trata de un problema de ella, sino de políticos que aprovechándose de las normas democráticas, se erigen en representantes únicos del pueblo para tomar decisiones unipersonales en su nombre que, en el mejor de los casos, dejan todo como está, y en el peor, agravan los problemas. El tiempo aquí es el testigo.
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