Con 25 votos a favor, el Congreso de Hidalgo aprobó dirigir un exhorto al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para que incluya al estado en el programa piloto para la defensa de mujeres y personas indígenas en reclusión, en asuntos de índole local.
En tribuna, Erika Rodriguez, promovente del Acuerdo Económico, explicó que su propuesta recibió el visto bueno de las Comisiones conjuntas de Seguridad Ciudadana y Justicia, de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y de Igualdad de Género, por lo que se presentó al pleno este jueves para su votación.
«El presente exhorto busca acercar la justicia a mujeres y personas indígenas que, por diversos motivos, no han contado con una sentencia definitiva a sus asuntos y se encuentran recluidas en algún centro penitenciario de Hidalgo, con escasas posibilidades para obtener una buena defensa”, precisó la legisladora tricolor.
En ese sentido, explicó que la petición va dirigida a Arturo Zaldívar, quien en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura Federal anunció cinco medidas para responder a la grave situación que enfrentan las personas en reclusión, entre ellas, un programa piloto para que defensores públicos auxilien a mujeres y personas indígenas que enfrentan procesos locales.
«El programa piloto ya se lleva a cabo en la Ciudad de México y está por implementarse en Chiapas y Oaxaca, considerando su población indígena”, dijo y puntualizó que Hidalgo ocupa el quinto lugar en el país con población indígena, además, de las 4 mil 704 personas en prisiones hidalguenses, 333 son mujeres y 350 personas pertenecen a algún pueblo originario.
De estas personas indígenas, indicó, seis mujeres están procesadas y ocho sentenciadas por delitos del fuero común y solo una por un delito del fuero federal; mientras que, de las 350 personas, 79 hombres fueron procesados y 231 sentenciados por delitos del fuero común; tres más están procesados y cuatro sentenciados por delitos del fuero federal.
«No se trata de defender a quienes son acreedores a penas justas, sino a quienes no han sido juzgados por inconsistencias y que continúan presos o a quienes por alguna situación no cuentan con los recursos para una buena defensa”, finalizó.
