Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, afirmó que no existen intenciones de desaparecer el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, al contrario, indicó que se busca que quienes integran dicho organismo trabajen de verdad en el combate a la corrupción, sean remunerados con base en sus resultados y no se queden callados ante posibles corruptelas, como pasó con la Estafa Siniestra.
Lo anterior luego de que una integrante del CPC señaló que el Comité está en riesgo de desaparecer por la disminución a los honorarios que avaló el pleno del Sistema Estatal Anticorrupción, pasando de 40 mil pesos a mil pesos mensuales para cada miembro del CPC.
“Nunca dijimos que se va a desaparecer el CPC, dijimos que se les iba a poner una base de mil pesos como honorarios y de ahí en adelante, con base en la función que realicen cada mes se va a pagar sus honorarios. Si ellos hacen trabajo suficiente a lo mejor y ganan más de 40 mil pesos”, manifestó el contralor.
Aclaró que la decisión para “achicar” la remuneración de quienes integran el CPC se tomó por toda la asamblea del Sistema Anticorrupción, que está confirmada por la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Procuraduría General de Justicia, el Instituto de Transparencia y el entonces presidente del CPC.
Para ello se consideró la baja productividad del Comité, la cual se puede observar en los informes que han presentado, señaló Bardales; “cuando se analizan los informes de actividades no corresponden a las acciones por las cuales fueron designados, lo que más dicen es que hacen unos cursos de capacitación cuando no fueron contratados para dar talleres, su papel fundamental y principal era el combate a la corrupción”.
En ese sentido, lamentó que nunca hayan manifestado una sola acción en contra de la corrupción, por ejemplo, en el “problema mayúsculo” de la Estafa Siniestra que hizo público el gobierno estatal.
“No es posible que todas las entidades estuviéramos señalando y ellos, el propio Comité de Participación Ciudadana, encargado de combatir la corrupción hasta este momento no hayan hecho una sola manifestación, ningún comentario, ninguna denuncia, ninguna reunión, no han manifestado absolutamente nada”, subrayó.
Agregó que, contrario a lo declarado por la quejosa, el Estado eroga 40 mil pesos por cada integrante, cantidad que incluye el IVA, determinados gastos y otros impuestos; además, evidenció que dichos comisionados ciudadanos no tienen un lugar de trabajo al que deban presentarse, no están obligados a checar o cumplir un horario.
Finalmente, sobre la integrante que ha protestado a las modificaciones, Bardales Ramírez reveló que, cuando se incorporó al CPC, era servidora pública de la Contraloría de Pachuca; y señaló que, ella y todas las demás personas que se sientan afectadas, pueden hacer valer sus derechos en los tribunales.
