El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) aprobó el acuerdo mediante el cual se cumplimentó el embargo de una parte de las prerrogativas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, en cumplimiento de una resolución emitida por el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado dentro del expediente 1522/2023.
La secretaria ejecutiva del IEEH, Dulce Olivia Fosado Martínez, informó que se trata de un monto de 85 mil 116.60 pesos a favor de Lucio Gutiérrez Hernández, cuya resolución fue notificada al organismo mediante el oficio PJEH/2.89*8C2.17.2/1114/2026, suscrito por la jueza Estéfani de la Cruz Martínez.
Además la sentencia establece que el embargo deberá aplicarse sobre las prerrogativas ordinarias del partido, sin afectar los recursos destinados al pago de salarios y prestaciones de los trabajadores, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales vigentes mientras se ejecuta la resolución en favor del demandante.
Fosado Martínez precisó que la medida no implica la afectación de bienes materiales del partido político, sino la ejecución de recursos públicos administrados por el organismo electoral, en apego al artículo 17 de la Constitución que obliga a todas las autoridades, incluidos los organismos autónomos, a cumplir resoluciones emitidas por los tribunales.
Se instruyó a las direcciones ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como de Administración, a realizar los trámites correspondientes para ejecutar el embargo sobre el financiamiento público ordinario del PRI.
Cuestiona representación tricolor resolución laboral
Federico Hernández Barros, representante del partido ante el IEEH, consideró que el tribunal no valoró los argumentos presentados por el instituto político para verificar las nóminas y los montos ejercidos durante los periodos reclamados. Además aseguró que la medida afecta el desarrollo de una actividad pública reconocida por la Constitución.
Hernández Barros precisó que la controversia derivó de una relación laboral entre un particular y el partido político, y sostuvo que las actuaciones estuvieron encaminadas a afectar la administración interna del PRI.
Añadió que el caso podría abrir la discusión para una futura reforma electoral en el estado, a fin de establecer criterios específicos sobre la ejecución de este tipo de resoluciones contra los partidos políticos.
