En los últimos cuatro años se han cometido 300 probables feminicidios en el estado de Puebla; de los cuales, 58 ocurrieron de enero a julio de este año. La tendencia marca que cada 3.2 días una poblana es asesinada.
A decir de colectivos feministas los datos recabados por el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) establecen que en 2013 se cometieron 50 feminicidios, 60 en 2014, 50 en 2015, y 82 durante 2016.
En conferencia de prensa, exigieron la renuncia del fiscal Víctor Carrancá Bourget y activar la Alerta de Género en Puebla.
Los colectivos Odesyr AC, Kafis, El Taller, Encuentro Nacional Feminista y Jacarandas lamentaron la resolución de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) por declarar improcedente la Alerta de Género y pidieron que se retome el tema.
Gabriel Cortés del colectivo El Taller acusó de omiso al fiscal del estado por no frenar los crecientes feminicidios ni capacitar a su gente para la conformación de los expedientes.
“El aumento en estos años es un elemento objetivo suficiente para determinar la inefectividad de las acciones inconclusas adoptadas por el gobierno del estado. Al repetirse e incrementarse los delitos contra mujeres, el gobierno del estado no ha garantizado a las poblanas su seguridad y tampoco el cese de la violencia”, expresó.
La activista recordó que la Alerta de Género solicitada por organizaciones de la sociedad civil desde marzo de 2016, establece que el estado tiene que dar continuidad a las acciones emprendidas y adoptar otras ocho medidas adicionales.
Agregó que aunque la Conavim emitió ocho nuevas recomendaciones, son meros acuerdos que quedan en el papel y no servirán para disminuir las agresiones contra las féminas, como sucedió con las 12 primeras.
«Los machos misóginos son los que están haciendo las leyes y decidiendo que las Alertas de Género no se emitan; las mujeres no queremos ser una estadística de feminicidios», acotó.
Por esta razón, los colectivos feministas pidieron una revisión a las omisiones en el cumplimiento de la ley en Puebla.