Ante las constantes quejas e inconformidades que genera entre el público-usuario el otorgamiento del servicio de grúas, algunos de los cuales incluso operan en completa anarquía, con tarifas abusivas que el final de cuentas las convierten prácticamente en una prestación prácticamente inaccesible para muchos conductores, es urgente que las Secretarías de Finanzas y Administración (SFA) y de Infraestructura y Transporte (SIT) de manera conjunta, regulen las tarifas.
Las acusaciones entre los concesionarios son mutuas, pues mientras algunos exigen que las licencias de funcionamiento sean retiradas a la agrupación “Antorchista”, por los abusos que cometen y la recurrente mecánica de chantaje y presión que ejercen para obtener algunas concesiones, la organización popular argumenta que su labor es legítima y se encuentra en el marco de la Ley.
Al hablar sobre el particular, el director de la Asociación “Corresponsabilidad en el Transporte”, Arturo Balderas Moyano, mencionó que los excesos de los cobros del servicio de arrastre han puesto en jaque a los usuarios, quienes se han quejado “amargamente” de estos abusos.
En este sentido, recordó que el tema estriba de una falta de regulación en las tarifas, problemática que evidenció desde hace un lustro, entregando documentación y propuestas a lo que ahora es Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, para que sea esta dependencia la encargada del cobrar los derechos de este sector y que entregue los premios y las placas y no la Secretaría de Finanzas y Administración.
Propuso que en la Ley de Ingresos esté perfectamente estipulado el cobro por este arrastre, toda vez que la falta de una regulación permite que los prestadores del servicio lleguen a cobrar hasta diez veces los que marca la normatividad vigente.
No existe un padrón de prestadores de servicio
Del mismo modo, evidenció que a dependencia en el ramo no cuenta con un padrón de prestadores de servicio, lo que permite que abusen con los automovilistas, pues operan prácticamente en todas las vialidades resguardadas por el gobierno estatal y aunque no detalló todas las empresas que se encargan del arrastre de vehículos,
Abundó que también es necesario que en estricto apego a la Ley Estatal del Transporte, se debe establecer mecanismo de inconformidad por parte de los usuarios y agregar al reglamento una memoria descriptiva que almacene los datos de la grúa que fue utilizada durante el servicio.
Ilustró que en la práctica cobran al menos 20 mil pesos e incluso puede afirmar que alguien que pagó hasta 40 mil pesos, por lo que propuso el pago de una fianza para liberar la unidad si es detenida.
Expuso que en el caso de autobuses, cada día que pase en el corralón representa una pérdida de al menos dos mil pesos diarios y puede pasar 30 días inmovilizada la unidad.
Los clientes indefensos ante abusos
El director de la asociación civil, lamentó que también no existe un medio de defensa a favor de los ciudadanos donde puedan presentar su denuncia o queja.
No dejó de mencionar que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no cuenta con facultades para conocer de estar quejas y así medir el abuso en el que incurren los grulleros, “no tienen medio de defensa y tampoco se tiene antecedentes de estas malas prácticas comerciales”.
Y fue más allá:
“Al no haber tarifas autorizadas y reglamentada la Profeco no puede intervenir, argumenta que al no tener la publicación de los costos no hay referencia del abuso, quienes caen en esto son grulleros de Antorcha Campesina, las Grúas Cielo, y otras que no vienen a mi mente ahora”.
Resaltó que desde luego “las manzana de la discordia” es la demarcación de mayor afluencia vehicular que es donde hay accidentes o problemas mecánicos como el Periférico, Vía Atlixcáyotl, autopista siglo XXI, la salida a Atlixco, entre otras.
Finalmente, dijo que este problema también se torna político, pues el regularlo trastoca intereses que antepone la autoridad sin importar las pérdidas de los particulares, pues también se arrastran tráileres, camiones, microbuses y demás vehículos a quienes les llegan a cobrar más de 100 mil pesos.
Los argumentos de los antorchistas
En su oportunidad, José Horacio Cerón Espinoza, representante legal de las organizaciones empresariales “Grúas Unión Antorchita”, “Grúas Ganto” y “Grúas Fraternidad y Lucha”, justificó que hoy día más de 70 familias dependen de esta actividad comercial la cual ha sido “satanizada”, tanto por políticos como por los mismos usuarios del servicio.
Precisó que en el estado hay 120 grúas que ofertan sus servicios, de las cuales 60 se concentran en la capital y el resto en municipios como Chignahuapan, Teziutlán, Atlixco, Izúcar de Matamoros entre otros.
“Pareciera que esta actividad marchara bajo los estándares legales y con normalidad sin embargo entrada de más empresas de este tipo ha ocasionado que existan sobre costos y abusos por parte de algunos grulleros”, evidenció el líder antorchista.
Tesorería municipal pone las tarifas
Pese a las quejas de otros concesionarios, quienes acusan a esta agrupación de chantajistas con el fin de obtener cualquier tipo de concesión, señaló que en el caso de las agrupaciones adheridas al Movimiento Antorchista tienen tarifas fijas que otorga la Tesorería Municipal de 950 pesos por cada arrastre y salida de servicio, lo que significa que las 60 grúas que están en la capital trabajan para Vialidad Pública y están “para lo que se ofrezca” en los sectores de Seguridad Pública.
“No podemos poner las tarifas, dependemos de lo que indique la tesorería, (…) desde siempre no hemos pronunciado porque se coloquen lonas con la información de los costos de arrastre en los sectores a fin de que el usuario las conozca y no se preste a abusos ni a corrupción”, subrayó.
De igual forma, dijo que algunos de los grulleros trabajan de forma particular, pero sus tarifas no son tan onerosas como resulta de algunas empresas millonarias que intentan desplazar a los tradicionales que por años han trabajado en este ramo, donde incluso sus tarifas llegas hacer desde 500 hasta mil pesos dependiendo el vehículo que se arrastre.
Cerón Espinoza reiteró que al menos 70 familias tienen en las grúas su única forma de subsistencia: la vía “para llevar la comida a la casa”.
Argumenta mínimas ganancias
Precisó que en promedio, cada uno de los agremiados obtiene unos 6 mil 400 pesos mensuales por su trabajo, mismo que hoy sufre los ataques, con descalificaciones maliciosas, actitudes mafiosas y declaraciones irresponsables, por parte de actores políticos.
“El precio de un arrastre nuestro es de 950 pesos, cuando otras empresas cobran hasta el doble, además somos los únicos que tiene cero robos, en otros casos se va usted a arriesgar a que si levantan su vehículo en un choque, le van a desaparecer sus pertenencias o sus refacciones”.
También evidenció que también los grulleros se enfrentan a una competencia desleal, debido a que existen algunas grúas que son del municipio y que son subsidiarias con el erario público, lo cual es una desventaja clara.
Explicó que los choferes de estos transportes tienen un salario a diferencia de los microempresarios antorchistas, además de que se ven beneficios con autopartes, refacciones, combustible y lo que requieran para un correcto funcionamiento de la unidad y todo esto financiero por los recursos públicos, lo cual es “otra enorme diferencia con nosotros”.
Horacio Cerón, también ilustró que las grúas asignadas a la autoridad municipal llegan a ocupar día y medio en un solo servicio, lo que significa que no pueden ser utilizados los vehículos para arrastrar a un coche, camión o unidad de transporte, lo cual genera pérdidas de miles de pesos.
“En un choque se jala el vehículo para liberar a vialidad a y permitir el tránsito, después de varias diligencias el auto del siniestro se lleva al Ministerio Público, allí permanecemos hasta que determine el juez y posteriormente se lleva al corralón si así fuera el caso, esto llega a representar 36 horas de trabajo pero sin costos adicionales”, indicó.
“Somos gente honrada, nunca robaremos”
El representante legal de las organizaciones de grulleros adheridos al Movimiento Antorchista, garantizó que las personas que ofrecen el servicio de arrastre son honradas y nunca “robarán” a su cliente, para ello, afirmó que ellos al momento de acudir a lugar del siniestro o a donde está varado el vehículo hacen un levantamiento ocular de lo que hay para que después no sean acusados de rateros.
Mencionó que la experiencia los han obligado a seguir una serie de pasos de seguridad y de reglas pues en ocasiones les entregan vehículos desvalijados y además lo hacen responsables del daño cuando “ni deberla ni temerla”.
Hizo un llamado a los usuarios de grúas que en cualquier momento que sientan vulnerados sus derechos o que son “timados” o “robados por los costos de arrastre” investiguen y denuncien porque “las malas prácticas de otros vivales, afectan la actividad de los trabajadores honestos.
Estas son las posturas de los concesionarios, los cuales por mucho, no son coincidentes.
Por ello, ante las constantes quejas e inconformidades de los automovilistas de que el servicio de grúas en el momento de un percance en carretera, vías públicas y/o falla mecánica, es urgente que regularicen las tarifas del servicio, donde cada día es mayor la oferta, mientras la demanda se reduce por el encarecimiento del mismo, siendo afectado el público usuario.
