Ante la presunta red de espionaje que se montó en Puebla en el sexenio de Rafael Moreno Valle, Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobierno, indicó que será la Procuraduría General de la República (PGR) quien investigue porque ya tiene conocimiento de los hechos.
“Le toca investigar, sacar sus conclusiones y en todo caso, fincar responsabilidades si las hubiera, contra quienes resultaran responsable de este tipo de delitos”.
El funcionario estatal apuntó que por tratarse de un delito federal, el gobierno del estado no intervendrá en este caso y también evadió responder si en la actual administración de José Antonio Gali Fayad se mantiene esta práctica de espiar a funcionarios y comunicadores.
“La intervención de conversaciones privadas es un delito que se persigue de oficio, es un delito federal. Ante las denuncias, es la autoridad competente a las que toca investigar, sacar sus conclusiones y fincar responsabilidades”, manifestó.
Por su parte, Fernando Morales Martínez, exsubsecretario de la Secretaría de Gobierno en el sexenio anterior, alegó que si hubiera existido tal red de espionaje lo hubiera sabido porque no está “ni ciego, ni loco, ni tonto” como para no darse cuenta.
Así que rechazó ser cómplice de la operación de una estructura para espiar y grabar las conversaciones telefónicas de opositores y cercanos al ex gobernador.
“La verdad es que yo nunca la conocí. A mí me extraña, yo trabajé en Gobernación, fui subsecretario de Desarrollo Político y nunca conocí esos personajes, la verdad yo no le puedo dar el crédito a lo que están diciendo porque yo trabajé ahí y nunca los vi”, expuso sobre la red de espionaje que presuntamente operaban en Puebla, Joaquín Arenal y Roberto Rodríguez Acosta.
