En el marco de su cuarto informe de labores 2016-2017, el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Fernando Fernández Font, convocó a la sociedad a no cerrar los ojos ante los tiempos adversos por los que pasa el país, a mirar la totalidad de la realidad “sea cual sea”, como lo es la impunidad, y la falta del gobierno para atender problemas que han aquejado a la entidad poblana como es el huachicol, los feminicidios y el espionaje.
En su discurso frente a autoridades universitarias y de gobierno, así como de empresarios, académicos y jóvenes, el líder universitario puntualizó que no podemos dejar de mirar las contradicciones que cada día hacen más difícil la vida en sociedad.
“La presencia del huachicol en el Triángulo Rojo nos ha confirmado que las decisiones estratégicas deben tomarse a tiempo y no postergarse en intereses políticos. Aun con las disposiciones recién tomadas, Puebla ya es una entidad infectada por ese cáncer”, dijo.
Así mismo, dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción, tanto a nivel nacional como estatal, desde su fase se implementación no ha estado exento de discusiones y polémicas alrededor de algunos perfiles que han sido designados para cumplir labores de responsabilidad en el entramado hecho para combatir la corrupción.
Y es que dijo que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un espaldarazo a la instancia ciudadana que servirá de canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno, ciertos procesos de designación –subrayó- han nublado la génesis de este nuevo sistema.
“Si no hay una genuina voluntad para que desde su concepción este sistema investigue, devele y sancione los casos de corrupción, no podremos deslumbrar un cambio real en la forma de proceder de los servidores públicos, pues ese mismo instrumento habrá nacido muerto”, lamentó.
Debe liderar la transparencia
A su vez, insistió que dado que en Puebla está por integrarse el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción es imperativo que “este cuente con legitimidad y liderazgo a partir de un proceso de selección que cumpla con los procesos de selección y transparencia, parlamento abierto y participación social.
“Es una exigencia ética el que se concluya satisfactoriamente la articulación de un sistema anticorrupción, cuya función es primordial si queremos un México diferente”, matizó.
Celebró que el Congreso del estado haya tomado en cuenta a las Universidades para conformar dicho comité, no obstante -aclaró- existen vicios de origen que se advirtieron en su momento y que habrá que asumir hasta que puedan modificarse.
Uno de ellos, continuó Font, es el que tiene que ver con la Fiscalía Anticorrupción respecto a la Fiscalía General del Estado, que no es suficientemente autónoma y que se le asignó un tramo de poder sin mayor contrapeso. Otro vicio, es la facultad del gobernador de designar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por los próximos 15 años con la ratificación de una mayoría simple del Congreso local, no una mayoría calificada.
“En suma, se puede deslumbrar un blindaje ante casos de corrupción que puede desdibujar la voluntad ciudadana y el sueños de poner los cimientos verdaderos contra la histórica lacra de la corrupción y la impunidad”, destacó.
Lamenta muertes
Ante los conflictos étnicos religiosos y políticos, Fernando Fernández Font exigió la necesidad de reconciliar a la humanidad consigo misma.
Indicó que en Puebla organizaciones de la sociedad civil medios de comunicación e instituciones académicas han registrado al menos 81 feminicidios al cierre del 2016 y para el 2017, 20 más, en ese contexto resultó sumamente lamentable que el tema fuera considerable en su magnitud.
“La solicitud de la alerta de violencia de género contra las mujeres no fue decretada pese a las exigencias de la sociedad civil, de las mismas víctimas y de la academia”, recordó.
En cuanto a la violencia, lamentó que Puebla ocupe el lugar número 13 con 372 homicidios doloso en los últimos seis años, y el noveno lugar en el delito de secuestros.
Cuestiona libertad de prensa
También Fernández Font aprovechó el acto para demandar que en México alzar la voz y develar información de índole público tiene un precio que va desde la intromisión a la privacidad, hasta la muerte.
Prueba de esa aseveración, el directivo desglosó es el asesinato de 10 periodistas en este año, así como el espionaje a académicos y formadores activistas y defensores de derechos humanos a nivel local y nacional.
