Ciudad de México. Debido a las denuncias de extorsiones, violaciones físicas y diversas transgresiones al debido proceso, la senadora del PRI, Lucero Saldaña Pérez, presentó un Punto de Acuerdo, en el que exhorta Gobierno del estado de Puebla, para que a través de la Dirección General de Centros de Reinserción Social (Cereso), establezca las medidas y programas necesarios a fin de identificar y prevenir actos de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos (DH) en los centros penitenciarios de la entidad.
“Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que es elemental que el Gobierno del estado de Puebla y las autoridades penitenciarias garanticen en los centros penitenciarios condiciones adecuadas de seguridad, reinserción social y estadía digna, por lo que solicitamos ampliar y fortalecer las estrategias y políticas públicas, a fin de identificar, sancionar y prevenir conductas que deriven en vejaciones, torturas y violaciones a los Derechos Humanos de los internos”.
La legisladora poblana, consideró que ante las anomalías descritas, su responsabilidad como legisladores Federales “es contribuir en la medida de nuestras facultades a identificar y prevenir estas conductas que contravienen a la reglamentación nacional en materia penitenciaria y a los convenios de los que nuestro país forma parte”.
Denunció que en el Sistema Penitenciario del estado persiste el hacinamiento, la sobrepoblación y la venta de estupefacientes al interior de las instalaciones.
Apuntó que Puebla, está catalogada como una de las entidades federativas con el mayor número de sobrepoblación en su red carcelaria, esto se debe a que su infraestructura tiene la capacidad de alojar a 6 mil personas, sin embargo, hoy resguarda a más de 8 mil internos. En este sentido, los centros penitenciarios ubicados en los municipios de Tepeaca, San Pedro Cholula y Atlixco presentan los mayores índices de sobrepoblación.
Asimismo, agregó, que se ha documentado en los centros penitenciarios de Tepeaca, Ciudad Serdán, Acatlán de Osorio, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Huejotzingo, situaciones de insalubridad en espacios de estancias, comedores y cocinas; se ha denunciado la falta de medicamentos, carencia de personal médico y nulos procesos de acompañamiento psicológico.
En el Cereso de San Miguel, indicó, se ha denunciado la operación de redes de extorsión que ejercen el poder dentro del Penal, debido a que venden droga, realizan cobros de piso y piden cuotas de protección obligatorias, los internos que no las paguen son golpeados.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, el Centro de Rehabilitación Social de San Miguel es el segundo a nivel nacional con el mayor índice de victimización en su interior ya que se dan con continuidad peleas o riñas entre bandas que buscan tener el control de la plaza.
“Por si esto no fuera suficiente, San Miguel es una de las penitenciarías más corruptas del país, debido a que 48.9% de las personas ahí recluidas, dijo haber sufrido algún suceso de este tipo, en su mayoría, son los custodios quien piden algún tipo de pago para brindar algún tipo de favor, servicio o permiso”.
Este instrumento permitió identificar a por lo menos 3 mil 734 presos, quienes acusan haber sido víctimas de corrupción y abusos como agresiones, amenazas y omisiones al debido proceso. La vulnerabilidad de los derechos de los presos es visible, ya que 95.2% mencionó que no cuentan con los mecanismos y elementos para interponer una denuncia, peor aún, no tienen la certeza de que su queja sea investigada o que vaya ser sancionada por parte de las autoridades”.
Saldaña Pérez lamentó que los niveles de impunidad y corrupción, son tales que al interior del penal opera una banda delictiva enfocada a la renta de palapas o casitas para las visitas conyugales, esta actividad, genera cerca de 20 mil pesos diarios. En dicho espacios también se ejerce la prestación y son espacios para la comisión de ilícitos como el acontecido el 2 de septiembre en el que una mujer perdió la vida a manos de un reo”.
