La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla (SSPyTM) y la Fiscalía General de Justicia del estado revelaron que uno de los involucrados en el asalto y homicidio de Mariana Fuentes, estudiante de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, maneja un taxi Uber.
Este hecho se suma a la detención del chofer de Cabify, Ricardo Alexis, como presunto responsable del secuestro y homicidio de Mara, estudiante de la Upaep ultimada y abandonada después de salir de fiesta con sus amigos.
Más aún: ayer el titular de la SSPyTM, Manuel Alonso García, “alertó sobre la utilización de vehículos Uber para cometer ilícitos en la capital poblana, tal como sucedió en el asesinato de Mariana Fuentes, estudiante de la BUAP, quien fue ultimada tras despojarla de sus pertenecías”.
Esto señala una nota de mi compañera Elizabeth Cervantes publicada hoy en Síntesis.
Parece que el proceso de reclutamiento de conductores de la plataforma Uber tampoco es tan eficiente, tal y como quedó demostrado con la de Cabify.
Y es que el chofer del Uber, José de Jesús “N”, tenía antecedentes penales, y aún así estuvo trabajando en esa plataforma.
No se trata de hacer un linchamiento o una campaña en contra de las novedosas plataformas virtuales para renta del servicio de taxi, pero claramente estos hechos, sumados a otros en otras ciudades del país, reflejan la poca seguridad que ofrecen.
Una de las principales cualidades de estas plataformas eran precisamente la garantía de seguridad que ofrecían en comparación con los taxis tradicionales.
Claramente, las ventajas tecnológicas del sistema de Uber ayudó a las autoridades a armar el rompecabezas de la ubicación del vehículo, lo cual, sumado a las imágenes de las videocámaras de la zona, favorecieron esclarecer el homicidio de la joven estudiante.
Sin embargo, el punto central es cuestionar que la empresa de servicio Uber no garantiza la seguridad de sus usuarios al emplear en la plataforma a personas con antecedentes penales.
Es tiempo de que las autoridades del estado de Puebla revisen a fondo a todas las empresas y concesionarios que prestan servicio de transporte. Ya sea público o particular.
Urge que el poder Legislativo haga una revisión a fondo del marco legal, toda vez que es necesario elevar el nivel de seguridad en el estado, particularmente hacia las mujeres.
Queda claro que es mayor el número de hombres que pierden la vida en delitos que el de mujeres, pero también queda claro que la vulnerabilidad de las féminas es mayúscula.
La nueva función de la SSPyTM en materia de investigación ha abonado al esclarecimiento de éste y otros casos, aunque Cristian, quien al parecer detonó el arma contra Mariana, aún sigue prófugo.
Urge detenerlo para llevarlo a la justicia, como hicieron las autoridades con Ricardo Alexis.
Desde los corrillos:
Si usted está igual de desconcertado que este reportero por la repentina salida de Mario Riestra como secretario general del ayuntamiento que encabeza Luis Banck, permítame darle una posible versión de los hechos.
- El 21 de agosto pasado se registró una manifestación masiva de Antorcha Campesina, conducta que desconcertó a las autoridades estatales porque en ese momento el líder Juan Celis mantenía muy buena comunicación con ellas.
- Quienes hablan de esta versión señalan una posible intención de realizar tráfico de influencias mediante una instancia estatal (ya se imaginará usted cuál).
- Me dicen que el gobernador Tony Gali está molesto con este tipo de acciones, porque estaban paralizando acuerdos con grupos importantes como Antorcha, solo para darle juego a Mario.
- La versión –que me negaba a creer y me la enseñaron en la dependencia en cuestión-, señala que fue minado un acuerdo con Antorcha para avanzar en una negociación de índole personal.
Gracias; lo invito a seguirme en redes como @erickbecerra1 y nos leemos el miércoles.
