Para reconciliarse con el mercado Uber, Cabify y en general las aplicaciones de transporte debieran hacer propuestas y no descalificar las que vinieron del gobierno con la nueva ley del transporte del estado de Puebla, demanda el vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias y especialista en Seguridad, Roberto Esquivel Ruiseco.
Es increíble que las medidas provengan del gobierno y no de los prestadores de servicios, hay mutismo, cobardía, insuficientes filtros de confianza y ninguna persona física por parte de empresas como Uber dan la cara, añade.
Incluso refiere que resulta ya pertinente que el tema sea retomado por el gobierno federal para crear una ley única que homologue los distintos criterios que regulan a las Empresas de Redes de Transporte (ERT).
En ese tenor coincide el también vicepresidente de esa Red, Francisco Lobato Galindo, quien aplaude la intención de transparentar a los socios y conductores de las plataformas de ERT y más aún, propuso un boicot a esas empresas sin rostro que dejan en vulnerabilidad a los usuarios.
“Y es que la plataforma de esas Apps fue hackeada y luego te llegaban mensajes que no llegaría el vehículo que te informaban sino otro porqué el primero había tenido algún problema y quedabas en manos de un tercero ajeno a Uber”, añadió.
Las empresas de transporte prestado por particulares a particulares vía Aplicaciones entraron en el ojo del huracán en septiembre y octubre cuando sus operadores se vieron involucrados en el asesinato de dos estudiantes universitarias, una de la Upaep y otra de la BUAP, lo que dejó en evidencia que su oferta de seguridad en el servicio era no sólo intangible, sino irreal.
La llegada de las Apps vino a romper el monopolio del servicio de transporte vía taxis “amarillos con negros”, como los califican peyorativamente los conductores de Uber, quienes, por su parte, dividen opiniones en torno al servicio.
Hay quienes a la llegada de la aplicación a principios del año pasado pudieron comprar hasta cuatro vehículos vía crédito, pero de poco en poco, debido a la saturación en el propio servicio Uber de propietarios y transportistas que suman más de nueve mil registros a la fecha, tuvieron que irse deshaciendo de las unidades.
¡Si nos sacan nos vamos a México!, añade un expropietario de Uber, quien en el momento más álgido de la crisis de confianza reveló al reportero que les habían informado que serían retirados de Puebla.
Mientras Uber afirma que a todos les han hecho pruebas de confianza, un propietario y conductor revela que muchos de los operarios empezaron a incorporarse sin las pruebas suficientes, incluso sólo se las aplicaban por Internet y se relajaron las medidas… “cualquier chavito se podía inscribir como conductor con el riesgo que conlleva”, añadió.
Así las pruebas se restablecieron hasta que se registró la muerte de Mara Fernanda Castilla donde estuvo involucrado un conductor de Cabify. Entonces la plataforma llamó a todos los conductores y propietarios para pedirles de nueva cuenta documentos, cartas de antecedentes penales, pruebas de confianza y toxicológicas.
Uber según su plataforma suma más nueve mil socios conductores activos, más de 380 mil personas usan Uber en Puebla “como transporte seguro, confiable y accesible”, 326 mil hacen pagos en efectivo, aunado a que usuarios de 58 países lo han utilizado en Puebla, el tiempo de espera es de menos de cuatro minutos y la calificación promedio de los socios conductores es 4.7 de 5.0.
El pago en efectivo que será derogado se aceptaba en Uber desde marzo de 2017 y más de 326 mil poblanos habían utilizado este método.
Para la plataforma Uber, la iniciativa de regulación de Puebla para las Empresas de Redes de Transporte (ERT) violó el derecho humano a la privacidad y limitaba el acceso a la tecnología de los poblanos, incluso, la empresa amenazó con irse del estado.
De cara a la discusión y posterior aprobación de la Ley de Transporte sostuvo que “la regulación incluye artículos que no están relacionados directamente con la seguridad de los poblanos y, por el contrario, afectan derechos fundamentales tanto de usuarios como de conductores; pues representan una invasión a la privacidad al exigir acceso en tiempo real a los viajes realizados con la aplicación”.
La orwelliana medida bien podría aplicarse tanto a Uber como Cabify, y los mismos taxis negros con amarillos, pues unas de las obligaciones del Estadio conforme a la Constitución es garantizar la seguridad, refiere en ese contexto el abogado Gonzalo Castillo.
Uber también se queja de discriminación porqué se restringe el pago en efectivo, lo cual divide opiniones, pues si se da de alta el usuario con una tarjeta de débito o crédito también representa el riesgo de que te roben o hagan cargos indebidos, añade el Abogado.
Los medios para mejorar la seguridad en cualquier actividad lícita, nunca deben transgredir derechos fundamentales de las personas, puntualizó.
A través de una página en Internet donde fijó su postura (https://www.uber.com/es-MX/newsroom/regulacion-puebla/), Uber también se quejó de que los conductores del sistema de acuerdo a la propuesta de Ley del Transporte deban contar con licencia mercantil, “pues una licencia mercantil no garantiza por sí misma una mejoría en condiciones de seguridad; como lo demuestran los recurrentes casos de violencia en Puebla donde están involucrados conductores de transporte público y quienes cuentan con dicha licencia”.
Cabe destacar que en la reforma se ordenó que los conductores de unidades dedicadas a este tipo de servicio, tendrán que cubrir los mismos requisitos para obtener la licencia mercantil, aunque sin pagar su costo económico; entre otros: presentar constancia de No antecedentes penales, constancia del curso de capacitación vigente para operadores(as) de transporte público y mercantil, aprobar exámenes toxicológicos, pruebas psicológicas y psicométricas, entre otras.
En el tema de transparentar el padrón de socios, la reforma marca que las ERT tendrán que presentar su acta constitutiva y tendrán que actualizar de manera mensual el censo del padrón de conductores, aunque no se incluyó a propietarios a diferencia de los padrones de transportistas.
“La inobservancia de esta disposición tendrá como consecuencia la revocación de la concesión, la cancelación del permiso o la conclusión del registro” cita textual la legislación.
Además, las ERT deben permitir a la autoridad correspondiente el acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas que utilicen para la prestación del servicio, sólo en caso de que la autoridad lo requiera para una investigación.
Las empresas deberán asegurarse que se habiliten mecanismos para que, en cualquier momento durante el trayecto, el usuario pueda compartir, si lo desea, información de su viaje, en tiempo real, con quien este decida, a través de su dispositivo móvil y la habilitación de botones de pánico para seguridad de los usuarios.
Uber añadió que esta nueva regulación también limita de manera drástica el acceso de los ciudadanos a la tecnología de las ERT para obtener ganancias adicionales e incluso puede ser considerada como discriminatoria, al solicitar una investigación socio-económica a potenciales socios-conductores.
Uber señaló que la nueva iniciativa del gobierno estatal que propone que las autoridades tengan acceso a su sistema para vigilar en tiempo real a usuarios y socios-conductores, representa un atropello a los derechos humanos de privacidad e intimidad de las personas.
“Parte de esta nueva regulación, en vez de enfocarse en promover acciones de seguridad, busca bloquear el principio de la economía colaborativa de permitir que las personas decidan cuándo, dónde y cuánto tiempo destinarán a tener un ingreso extra, además de impedir el acceso a las personas que no cuentan con una tarjeta bancaria y, sobre todo, violar el derecho a la privacidad e intimidad de las personas”, mencionó Federico Ranero, director general de Uber México y Caribe, quien en abril de este año fue designado con ese cargo a sus 31 años de edad.
Para regular, no se puede ni debe pasar por encima de los derechos de las personas en forma arbitraria, señaló, al apuntar que apoyará en todo momento la decisión del gobierno con el fin de seguir operando en Puebla.
Y es que en el caso del artículo 12 Bis señala que: (…) “Se entenderá como Empresa de Redes de Transporte a las Sociedades Mercantiles Nacionales cuyo objeto sea la prestación del Servicio Ejecutivo, mediante la administración y operación de aplicaciones y plataformas informáticas (…) El pago por la prestación de este servicio se realizará únicamente de forma electrónica».
Según la reforma “los choferes deberán tener tarjeta de circulación, copia de la póliza de seguros y cédula de identificación del servicio ejecutivo”.
Además, las ERT deberán “proporcionar a la Secretaría, de manera mensual, el registro de sus conductores debidamente certificados; permitir a la Secretaría, el acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas que utilicen para la prestación del servicio, para vigilar a los conductores y garantizar la seguridad de los usuarios que demandan servicio de transporte punto a punto”.
En paralelo será “causa de cancelación del registro, alterar de cualquier forma la información contenida en las plataformas tecnológicas de las Empresas de Redes de Trasporte”; “vigilar que los usuarios concluyan los viajes para los cuales solicitaron el servicio y en caso de que no se pueda verificar la conclusión oportuna, deberán informar de inmediato a la Secretaría”.
Por su parte, la dirigente del Consejo Taxista del estado de Puebla (CTEP), Erika Díaz García, avaló la propuesta de sumar una plataforma universal digital para el servicio de transporte mercantil, que incluya censo de los operadores.
Propuso unidades especializadas para personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, mujeres y niños.
La dirigente de los taxistas, un gremio de 13 mil unidades en Puebla, clamó por tarifas justas y reguladas para todos, financiamiento para unidades y vivienda tanto para permisionarios como choferes, seguridad y servicios sociales y médicos, uniformes para conductores, capacitación constante, botón de alertamiento y GPS conectado al C5, expediente de confiabilidad, investigación socio-económica, valoración toxicológica y psicométrica.
La presidente del CTEP demandó se hagan valer las responsabilidades civiles, penales y administrativas de propietarios y conductores ante cualquier evento por parte de los prestadores de servicio de taxis, que ya sean permisionarios o aplicaciones ERT, dijo, deben tener licencias mercantiles, aunado a la actualización de perfiles de conductores y expedientes de confiabilidad en forma semestral.
Postulo la capacitación en temas como igualdad de género, no discriminación y derechos humanos, incluidas las llamadas nuevas masculinidades y femeneidades.
Díaz García, refirió que la seguridad es fundamental, como parte de la protección del derecho a la vida, la integridad y el patrimonio, al postular la capacitación en temas como igualdad de género, no discriminación y derechos humanos.
“Transportamos vidas y consideramos muy injusto que por 52 mil pesos se haya abierto las puertas a Uber como empresa comisionistas que reclutó a nueve mil choferes sin filtros de seguridad, como una competencia ilegal”, dijo.
El artículo 12 Bis plantea que el servicio se preste sin cobro en efectivo en el caso de la aplicación, aunado a que la licencia de conductor fije los mismos requerimientos que el servicio mercantil de ERT, como antecedentes no penales y pruebas toxicológicas.
De acuerdo al Artículo 89 de la Ley de Transporte se vuelve a los choferes de taxis y servicio público responsables solidarios ante cualquier situación, incluidos los recientes casos de feminicidios.
Hay compromisos legales y administrativos de los taxistas que de cara a los servicios ejecutivos que maneja Uber simplemente no incluían hasta antes de la reforma, concluyó.
