El gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, reconoció la existencia de bandas que operan en Puebla que pretenden desestabilizar o causar miedo, como sucedió ayer con el enfrentamiento de la colonia Clavijero, donde fue asesinado el comandante de la Policía Estatal, Filiberto Rugerio.
Sin embargo, dijo que no se les permitirá que transgredan la tranquilidad de los poblanos y anunció que la Policía Militar y la Marina vigilarán el desarrollo de las elecciones del 1 de julio.
El mandatario estatal aseguró que su gobierno garantizará la seguridad de los ciudadanos y confirmó que la balacera de ayer obedeció a una confrontación entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un grupo de huachicoleros.
Dijo que a la organización criminal ya se le investiga en Puebla y se le atribuye la colocación de mantas en distintas puntos de la ciudad, a través de las cuales lanzan amenazas contra sus adversarios.
Señaló que pronto se tendrán resultados sobre el caso de Clavijero y el seguimiento que se ha dado para desmantelar a grupos delictivos, incluidos los que se dedican a la ordeña de ductos de Pemex.
“Se está dando seguimiento puntual, que las líneas de investigación están abiertas totalmente a cualquier situación que se pudiera dar, que no se han cerrado y que muy pronto tendremos resultados, como los resultados que se vieron ayer también y que de esta banda hubo la detención anteriormente, hace 15 días, de dos delincuentes más que están relacionados en este tipo de tratar de desestabilizar algunos de los municipios”, ahondó.
El titular del Ejecutivo envío el pésame a la familia del elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que falleció en el lugar de los hechos.
Escoltas de candidatos podrían portar armas
Gali Fayad confirmó que su administración ofreció seguridad a los candidatos a puestos de elección popular, si los partidos lo solicitan. Aunque, comentó que otros abanderados cuentan con personal de seguridad propio y al que pretenden se les permita portar armas durante el periodo de campañas, por lo que la Fiscalía General del Estado y la secretaría de Seguridad Pública analizan si es viable esta petición.
