El candidato al senado de la república por Morena, Alejandro Armenta Mier, denunció ante la Fepade al titular del poder ejecutivo  en Puebla, Antonio Gali Fayad, al edil, Luis Banck Serrato y al titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, por usar el aparato gubernamental en su contra.

En rueda de prensa detalló que hizo efectiva la querella este jueves 19 de abril ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), debido a que ha sido objeto de una persecución política, ya que va arriba en las encuestas.

Además de mostrar la denuncia, presentó un estudio realizado por www.massivecaller.com que muestra una tendencia favorable, al registrar el 28.22 por ciento mientras que la coalición por «Puebla al frente» cuenta con 16.58, pero no se dijo confiado porque los sondeos no lo son todo.

Armenta dejó en claro que pese a los intentos por frenar su participación en el proceso, seguirá firme hasta que los involucrados sean castigados, advirtiendo que la sanción puede llegar hasta la destitución del cargo.

Abundó que en la integración de su expediente, básicamente argumenta filtración de información a la prensa de hace más de 10 años, documentos que son exclusivos de la autoridad y, para dañar su imagen, los uso en su contra.

Sobre la denuncia en contra del edil, Luis Banck, dijo que es por la utilización de servicios que tienen a su disposición en perjuicio de un candidato, contemplado en el artículo 11 fracción III de la Ley General en materia de Delitos Electorales.

“El Gobierno del Estado de Puebla ha encabezado diversas acciones e intervenido en el proceso electoral a través del Fiscal haciendo uso indebido de sus servicios perjudicando al suscrito, en donde se determina que hay una intención de voto en favor de sus candidatos. Denunciamos el actuar del Presidente Municipal a través del Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Gabriel Navarro Guerrero, quien promovió una queja ante el Instituto Nacional Electoral por haber iniciado la campaña en el Zócalo de la ciudad capital, en un marco de libre tránsito, afectando mis garantías Constitucionales”.

Al final, pidió a los funcionarios dejar de intervenir en la Averiguación Previa así como del Procedimiento Especial Sancionador para poder tener un procedimiento justo y equitativo.

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