Ciudad de México. A través de un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador del Partido del Trabajo (PT), David Monreal Ávila, exhortó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), investigue el “posible desvío de recursos públicos y la presunta creación de empresas fantasma utilizadas aparentemente para financiar la campaña electoral” a gobernadora de la candidata de la coalición «Por Puebla al Frente», Martha Erika Alonso Hidalgo.
El senador petista, refirió que el pasado 27 de junio, de acuerdo al portal Animal Político, documentó que la candidata de la coalición “Por Puebla al Frente”, presuntamente utilizó para su campaña a una compañía que forma parte de una red de empresas fantasmas que funcionan bajo una dinámica de desvió de recursos, direcciones y prestanombres falsos. La investigación del medio digital se centró en los datos que la candidata entregó al Instituto Nacional Electoral, en la que dio de alta a la empresa Asesores Feng como prestadora de servicios de logística y organización de eventos durante el periodo electoral, todo por un monto de 699 mil 907 pesos.
Asesores Feng se registró el 21 de enero de 2016 en oficinas del corredor público número 10, teniendo como socios fundadores a Julio Baruchs Bustamante Luna de 24 años de edad, mismo que dio de alta el domicilio ubicado en la Unidad Habitacional Bosques de San Sebastián, Edifico 119, Departamento 4 de la ciudad de Puebla, una zona de extracto social bajo; asimismo, el otro socio fundador que se registró es Florentino Carrera Salamanca, mismo que asegura que tiene una profesión de hojalatero y que no tiene vínculo alguno con la empresa citada.
Asimismo, señaló, que la empresa citada es relacionada con una red de empresas fantasma que suma un total de 25 razones sociales que se constituyeron en 2013 y 2016 con el mismo notario, socios y administradores, facturando al gobierno de Puebla 69.9 millones de pesos en un periodo de dos años. Las otras empresas que forman parte de esta red son: Asesores Barnes, Consultoria Tess, Compromiso y Dividendo, Servicios Administrativos Asbo, Servicios Administrativos Naboo, Rikkon y Haverford, Goodman Constructora e inmobiliaria, Obra Materiales y Equipo Badgers, Constructora y Arrendadora Alana y Cohle Constructora e Inmobiliaria.
Indicó que “las empresas anteriormente citadas dieron como su dirección ante la Secretaría de Administración Tributaria, la cerrada del Bosque No. 15 casa 5, en la cual se ubica el conglomerado Corporativo BPJ, pero dicho corporativo menciona no tener relación con ninguna de las empresas citadas, pero en el padrón de proveedores gubernamentales del gobierno de Puebla, las empresas tienen como correo de contacto corporativobpj@hotmail.com, lo que detalla la relación de la red de empresas fantasma con el Corporativo BPJ”.
“Aunado a la complicidad de la red de empresas fantasma con el Corporativo BPJ, dando de alta domicilios y contactos falsos, y registrando socios fundadores que la investigación de Animal Político ha mostrado que no tienen ninguna relación con las empresas; los contratos que han celebrado con el gobierno de Puebla han significado un grave daño al erario poblano”, denunció.
Ejemplo de lo anterior, agregó, “son los contratos que obtuvo Asesores Feng por un monto de 73.5 millones de pesos con el gobierno de Puebla tan solo en 2 años, por los servicios de proveedor a las secretarías de Salud, Finanzas y Educación; asimismo, al Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Instituto de Educación Digital, en donde solo en tres contratos se convocó a una licitación pública, mientras que en 55 fueron por concurso cerrado y en dos casos fue de manera directa”.
“Estos posibles hechos de corrupción constituyen una serie de conductas delictivas gravísimas que ejemplifican una forma ilegal de concebir a la política y de conducir las campañas electorales. Los resultados de esta investigación dan pie a señalar que desde el gobierno de Puebla, se trabajó en favor de la candidata con la finalidad de favorecerla y contribuir en su postulación”, apuntó.
Exigió que “tanto las autoridades electorales y el gobierno estatal actual deben demostrar que son imparciales y actuar contundentemente para esclarecer estos hechos y castigar a los responsables, de no hacerlo así esto pondría en duda su credibilidad y su papel como autoridad competente”.
