La presidenta de la comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Myriam Arabian Couttolenc, informó que el ayuntamiento de Puebla ya sancionó a varias empresas de dulces por arrojar sus descargas al río Atoyac.
Mencionó que por tema de datos personales no puede referir los nombres, pero las amonestaciones han sido de tipo económico y de llamado de atención para que mejoren sus plantas de tratamiento.
Detalló que una vez que se publicó en el periódico oficial de estado, a finales de junio, el Plan Rector del Río Atoyac, de manera conjunta con Soapap y Agua de Puebla iniciaron las visitas a las empresas que rodean la afluente, es decir, cerca de 6 mil 500 unidades económicas.
“A finales de junio se publicó el Plan Rector para la recuperación del río Atoyac, que entra en vigor ya. Van a seguir la Secretaría de Desarrollo Urbano haciendo la visita para aplicar las sanciones. Las sanciones ya empezaron desde antes. No tengo el dato de cuántas empresas pero se sí se ha estado aplicando”.
Arabian detalló que las multas, en principio, han sido para firmas que elaboran dulces, pero afirmó que todas serán sujetas a investigación, pero lo principal es que mejoren sus descargas a los drenajes.
“Sé de varias sobre todo que fabrican dulces, deben mejorar la producción de descargas al drenaje. Están en todo el municipio y cada caso es diferente”, añadió.
El cabildo poblano aprobó por unanimidad el Plan Rector del Río Atoyac, en mayo de este año, cuya meta es lograr su completo saneamiento cuando Puebla cumpla 500 años, a través de 15 líneas de acción de las cuales cinco se han puesto en ejecución y cuatro más están proceso.
En aquel momento, el edil Luis Banck Serrato reportó que actualmente no sanearlo representa un costo diario de 2 millones de pesos, de ahí la urgencia por establecer mecanismos y acciones que reviertan la contaminación que actualmente padece el Atoyac.
*Dentro del primer diagnóstico identificaron 6 mil 500 unidades económicas que envían material tan sólo en el municipio de Puebla, derivado de lo anterior el ayuntamiento (único en el país) normó las descargas a la afluente.
