Ciudad de México. El periodo de la LXIII Legislatura en el Congreso de la Unión llega a su fin el próximo 31 de agosto, el cual se caracterizó por las constantes denuncias de legisladores poblanos en contra del gobierno del estado de Puebla.
Durante los 3 años que duró la legislatura (2015-2018) diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Morena presentaron un total de 65 puntos de acuerdo hacia la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad. Dentro de los temas más frecuentes, se solicitó al gobierno poblano atender el incremento al robo de hidrocarburos, transparentar los fideicomisos para financiar obras de infraestructura en la entidad, y declarar la alerta de género en el estado por el alza al fenómeno de los feminicidios.
Quien se mostró como un acérrimo opositor del morenovallismo, fue el diputado federal del PRI y hoy senador electo bajo las siglas de Morena, Alejandro Armenta Mier, quien presentó un total de 19 puntos de acuerdo a título personal para exigir entre los temas más relevantes al gobierno poblano, transparencia en el manejo de los recursos públicos y medidas eficientes para atacar el robo de combustibles, fenómeno que tiene a Puebla sumido en el ojo del huracán.
Robo de hidrocarburos
El 22 de septiembre del 2015 a unos días de iniciar la LXIII Legislatura, Armenta Mier exhortó al titular del Gobierno del estado de Puebla, para que en coordinación con el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República fortalecieran las acciones para abatir el robo de combustible en el sistema estatal de gasoductos y poliductos; así como fortalecer la ejecución de una estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito de combustible.
Sin embargo, fue hasta el 14 de diciembre de 2017 que la asamblea de la Cámara Baja aprobó una de sus proposiciones en el tema del robo de combustibles al exhortar a PEMEX, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y al Gobierno del Estado de Puebla a cuantificar los daños ambientales y económicos ocasionados por los derrames de combustibles por las tomas clandestinas, en tierras de cultivo y cuerpos de agua. Asimismo, solicitó a las mismas dependencias y al gobierno de la entidad llevar a cabo las medidas necesarias para limpiar las tierras contaminadas por hidrocarburos.
Por otra parte, aunque el punto de acuerdo fue desechado y no avanzó en comisiones, el diputado federal del PRI, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, también solicitó al gobierno poblano un informe público y pormenorizado sobre el avance de las investigaciones relacionadas con funcionarios públicos de la entidad, presuntamente relacionados con bandas dedicadas al robo de combustible, y coadyuvar con los municipios y la federación para prevenir y erradicar este ilícito en el estado.
De igual forma la priista, Xitlalic Ceja García, exhortó a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, a Petróleos Mexicanos, al Servicio de Atención Tributaria y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que, en acción coordinada, revisaran la operación y funcionamiento de las gasolineras en Puebla y las condiciones en las que fueron entregadas sus concesiones, así como el retiro inmediato de las mismas, a aquellas que operen sin concesión, presenten irregularidades, roben combustible o cometan evasión fiscal.
Transparencia
En materia de transparencia, pese que hasta la fecha no se aprobó la proposición, Armenta Mier solicitó crear una comisión especial en la San Lázaro para investigar la legalidad y destino de los recursos públicos que maneja el fideicomiso Evercore en el Estado de Puebla, con el objetivo de emprender una investigación exhaustiva de todas las operaciones realizadas por el fideicomiso al amparo de los recursos públicos que se manejan para obras de infraestructura en la entidad.
En el mismo asunto, también exhortó al gobierno de Puebla hacer pública la información relativa a los costos finales y condiciones de pago de la construcción de El Museo Internacional Barroco, el Centro Integral de Servicios, la Estrella de Puebla y Parque Lineal, el Parque Paseo del Teleférico y el nuevo edificio de la Fiscalía General del Estado, obras financiadas mediante proyectos de prestación de servicios y de asociación público-privada.
Asimismo, Víctor Giorgana, coordinador de los diputados poblanos del PRI, llamó a la Auditoría Superior del estado de Puebla para que realizara las investigaciones pertinentes sobre los distintos Fideicomisos que el Gobierno de la entidad contrató durante la administración de Rafael Moreno Valle, para que se hiciera pública la contratación de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, delimitando montos, tiempos, intereses, contratistas y fuente de pago de cada uno de ellos.
En tanto, el diputado federal de Morena y próximo delegado del gobierno federal en Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dieran a conocer un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la deuda del estado de Puebla, incluyendo los Proyectos de Prestación de Servicios.
Pese a que los puntos de acuerdo se desecharon y no fueron atendidos por el pleno de San Lázaro quedó el precedente en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados sobre el excesivo nivel de deuda en el estado de Puebla por la contratación de fideicomisos para financiar obras de infraestructura en la entidad. De acuerdo a los legisladores Puebla acumula pasivos por más de 61 mil millones de pesos por Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, los cuales tendrán que ser cubiertos en un plazo de 10 a 30 años.
Feminicidios
Debido al incremento en el fenómeno de los feminicidios que azotan a Puebla desde los últimos años, las diputadas poblanas, Graciela Palomares Ramírez (Nueva Alianza), Xitlalic Ceja García (PRI) y los morenistas, Rodrigo Abdala Dartigues, Miguel Alva y Blandina Ramos Ramírez, exhortaron al gobierno de Rafael Moreno Valle y Tony Gali Fayad atender de manera eficaz este delito y a declarar la alerta de género en la entidad.
El 17 de julio de 2017 se dio por atendido el punto de acuerdo, de la legisladora tricolor Xitlalic Ceja García en el cual solicita La Comisión al gobierno del estado de Puebla para que, a través de la Fiscalía General de la entidad y las instituciones de Seguridad Pública, en coordinación con las autoridades municipales, fortalezcan y amplíen sus estrategias, programas gubernamentales y políticas públicas en materia de prevención, atención y sanción a los feminicidios y a cualquier acto que vulnere la seguridad e integridad de las mujeres como violaciones, agresiones sexuales, hostigamiento, discriminación y trata de personas, a fin de combatir la ola de violencia contra este sector poblacional en la demarcación.
También se aprobó, el 10 de abril del 2018, la proposición de la legisladora de Nueva Alianza, Graciela Palomares Ramírez en donde solicita al gobernador José Antonio Gali Fayad fortalecer los programas de fomento al respeto y la no violencia hacia la mujer.
Se espera seguimiento del nivel de endeudamiento de Puebla
Con la llegada de Alejandro Armenta Mier como senador de Morena a la Cámara Alta para los trabajos parlamentario de la LXIV Legislatura se espera que dé continuidad a una serie de iniciativas, proyectos e investigaciones que inició en la Cámara de Diputados, entre ellas las obras contratadas por la gestión del ex gobernador Rafael Moreno Valle mediante las figuras de Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) que representan una gran carga para las finanzas estatales y cuyos contratos, montos y plazos de pago se han mantenido en la opacidad.
