A ocho meses de su creación, el Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla atendió 414 casos de ciudadanos inconformes con actos de autoridades estatales y municipales, cuyas sentencias están por emitirse, reveló María de Lourdes Dib y Álvarez, magistrada presidenta de este órgano.
El área de desarrollo urbano encabeza la lista de quejas debido a que poblanos han denunciado irregularidades en la expedición de licencias de construcción, clausuras y demoliciones. Aunque también figuran ciudadanos inconformes con el cobro de fotomultas.
Pleitos con ambulantes e inclusive expedientes de funcionarios que fueron inhabilitaciones, pero alegan que se trasgredieron sus derechos, son parte de los casos desahogados por el nuevo tribunal local.
En entrevista con Síntesis, la titular del Tribunal de Justicia Administrativa destacó la operación de esta instancia que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
Señaló que los sistemas nacionales y locales anticorrupción, incluidos los tribunales administrativos, son mecanismos avalados y legitimados que deben estar en plena operación, pues así lo ordena la Constitución.
“Es la puerta abierta para los ciudadanos que se sienten afectados por actos de autoridades administrativas. Desde el Poder Ejecutivo, es decir, desde el gobernador hasta el más humilde servidor público, y de los 217 municipios, todos son observados”, expuso.
Lourdes Dib explicó que a diferencia del Poder Judicial del estado que atiende conflictos entre particulares, el Tribunal Administrativo ha logrado interviene en problema entre servidores públicos y ciudadanos, lo que ha favorecido la impartición de justicia y la percepción de que las autoridades cumplen con su trabajo.
“Portarse mal es cada vez más difícil, sobre todo cuando hay gente preparada y ojos vigilando”, manifestó.
El Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla está integrado por siete magistrados que atienden en seis salas los casos que llegan a diario y pueden ser desde inconformidades con los servicios públicos (alumbrado, agua, basura), multas de tránsito, hasta expropiaciones de terrenos o inmuebles a manos del gobierno del estado.
“Este tribunal no existía y ahora todo acto de autoridad o resolución de autoridad administrativa con la que no esté de acuerdo el gobernado es atendida; es un órgano independiente en la integración de juicios, porque a nivel local siempre resolvía el estado donde era juez y parte”, acotó la magistrada presidenta.
Dijo que las acciones de este órgano trascienden también en la gobernabilidad y el patrimonio de la administración pública, pues consideró que con el Sistema Nacional Anticorrupción se inicia una nueva etapa en la impartición de justicia administrativa.
“Ahora además de la jurisdicción ordinaria y tradicional se amplía la jurisdicción especializada, al sancionar faltas administrativas graves”, acotó.
La magistrada presidenta comentó que entre los retos que enfrenta este órgano es transitar a los juicios orales y procesos de digitalización que son tendencia a nivel mundial.
El Tribunal de Justicia Administrativa fue creado en enero de este año a propuesta del gobernador José Antonio Gali Fayad, para solucionar las diferencias que surjan entre las administraciones estatal y municipal con particulares, así como dictar sentencia en caso de que exista un daño a la hacienda pública.
Los magistrados que formen parte del TJA, están facultados para determinar los montos de las indemnizaciones y sanciones a los responsables de ocasionar un perjuicio a los entes públicos de orden estatal o municipal.
Los siete magistrados que fueron designados por el gobernador del estado y ratificados por mayoría de votos en el Congreso local son: Luz María Aguirre Barbosa, María Esther Torreblanca Cortés, María de Lourdes Dib, Alfonso Siriako Guillén Almaguer, David Paz Moreno, Rubén José Huerta Yedra y Gilberto Suárez Machado, quienes tendrán un periodo de 15 años, por lo que su salida del Tribunal de Justicia Administrativa se dará hasta 2033.
