Ante la elevada impunidad y vacíos en la impartición de justicia se corre el riesgo de más problemas estructurales que pueden derivar en linchamientos, alertó Antonio Fuentes Díaz, experto en sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
En un análisis sobre los linchamientos que se han perpetrado en la entidad -el más reciente en Acatlán de Osorio- el especialista comentó que hay “cierto contagio” en acciones colectivas, es decir, si en una comunidad se lleva a cabo una acción de esta naturaleza y a los ojos de la comunidad les resultó con el fin de inhibir alguna conducta intimidatoria, “otras lo van a incorporar”.
Por lo tanto, advirtió que se espera una propagación territorial en este tipo de eventos, sustentada por una especia de vacíos en la atención adecuada de necesidades de justicia. “Me parece que sí se corre el riesgo de más”.
Recordó que este tipo de manifestaciones eran comunes, recurrentes y celebradas cuando no había la consideración de un sistema penal, de tal manera que el castigo era colectivo y se convertía en una forma de ritual.
Y es que dijo que si ahora existe un sistema de justicia penal, pero éste no está funcionando o se percibe que no está funcionando, entonces lo más inmediato que se tiene a la mano es apropiar un acto que se va a resarcir a partir de un ritual colectivo.
Desde la perspectiva del analista, los linchamientos implican que hay una sensación de vulnerabilidad más allá de lo que la gente puede controlar, además de que la elevada impunidad impide que este riesgo sea controlado.
Antonio Fuentes, puntualizó que antes no eran recurrentes los linchamientos, o al menos no en lugares como Puebla, pero “algo se trastocó” entre ciudadanos y estado.
“Lo que se ha visto en los últimos años es hacia comunidades cerradas, donde el sentimiento que impera es el miedo. No es casual que las políticas que más se demanda sea el de seguridad”, precisó el experto, al subrayar que la desconfianza de la población hacia los extraños comienza a ser más acentuada y está documentada desde los años 80.
No obstante, el investigador señaló que este tipo de recursos no son válidos, “son una atrocidad” y no se deben de permitir su aplicación.
“Transformación” abrupta
El especialista de la BUAP informó que las investigaciones sobre linchamiento comenzaron en los años 80 y desde esa época a la fecha ha habido un incremento constante de este tipo de eventos, lo que refiere es que “se ha normalizado como un tipo de acción recurrente y legitima” que algunos colectivos consideran necesaria para algún fin especifico como la búsqueda de justicia por medios no oficiales, resarcimiento de daños o un tipo de venganza colectiva, y a la vez ordenar ciertas condiciones que son percibidas como fragmentadas.
Lamento que Puebla sea la entidad donde más se estén presentando este tipo de asesinatos en los últimos tres años, ya que anteriormente en la década de los noventas, por ejemplo, se tenían contabilizados en la Ciudad de México, Edomex Oaxaca y Chiapas.
“Estos cuatro lugares eran donde se presentaban mayor recurrencia de este tipo de fenómenos”.
Pero a partir del 2013 se comienzan a presentar en otras zonas donde no se desarrollaban, y a partir del 2017, Puebla ocupa el primer lugar de comisión de este tipo de eventos.
“Sí llama la atención donde sea un lugar donde no era común este tipo de eventos”, precisó.
En el año 2018 se presentaron en Puebla 111 linchamientos, de un total a nivel nacional de 333, es decir, la tercera parte de violencia colectiva fueron en la entidad poblana.
“Esto quiere decir que algo pasó, hubo una transformación abrupta de ciertas situaciones que requieren todavía ser estudiadas a detalle en términos de seguridad, desigualdad, y vulnerabilidad. Toda una serie de factores que de repente nos aparecieron en Puebla en los últimos años”, sentenció el experto de la máxima casa de estudios en la entidad.
Revisar protocolos
Ante tal panorama, Antonio Fuentes Díaz exhortó a las autoridades a que exista una “fluida” comunicación en todas las esferas de mando policial, de tal manera que los protocolos que han diseñado para intervención y disuasión de este tipo de hechos, operan realmente.
Puso como ejemplo lo sucedido en Acatlán de Osorio, donde lincharon a dos personas, y se argumentó que hubo falta de comunicación entre las autoridades de seguridad, “que hubo un corto circuito en la comunicación y que impidió una respuesta efectiva, por lo tanto, tendrían que hacer una revisión de sus protocolos y de su cadena de mandos.
“Un linchamiento es difícil de predecir, entonces más bien se tiene que actuar de una manera expedita”, sentenció.
En tanto, hacia la sociedad en general, el investigador de la BUAP les hizo un llamado a evitar criminalizaciones de otros grupos, a partir de barbarizarlos.
