El ayuntamiento de San Andrés Cholula realizó la rescisión de contrato por el incumplimiento que ha tenido la empresa Constructora y Desarrolladora de Servicios Unidos S.A de C.V., representada por Miguel Ángel Garibay de la Vega, responsable de la obra del DIF Municipal, por lo que se procedió a asegurar el inmueble, el cual estará ahora bajo resguardo de obra pública.
Esta es una de las 22 obras que dejó pendiente la administración del exalcalde, Leoncio Paisano Arias y en 10 de ellas se han detectado irregularidades, pero en la obra de construcción del DIF Municipal así como en la alberca semiolimpica, que se construye en la Unidad Deportiva Mayaquen, el ayuntamiento procederá a la rescisión contractual porque dichas obras se pagaron y no se concluyeron.
El secretario de gobernación del municipio sanandreseño, Sergio Mirón Terrón, el contralor municipal, Víctor Manuel Carral, el secretario de obra pública, Andrés Vicens, y el regidor Roberto Maxil, acompañados por corredor número 10 de Puebla, Orlando Flores Rodríguez realizaron el recorrido por este inmueble, el cual tuvo que ser abierto por la fuerza, ya que las instalaciones se encontraba en total abandono por la empresa mencionada.
Se informó que en octubre de 2017 se contrató la obra a la empresa Constructora y Desarrolladora de Servicios Unidos, la cual como fecha de término tuvo el primero de enero 2018, sin embargo la empresa no cumplió y se le otorgó un convenio adicional, teniendo como nueva fecha de término el 30 de junio y pese a este periodo no se concluyeron las obras, por lo que la administración encabezada por Paisano Arias hizo un nuevo convenio, fuera de la ley y atípico, el cual se encuentra fuera del marco legal y en el que se dio una fecha de conclusión de obra al 15 de diciembre.
“Es la tercera vez que se le dio la prorroga a la empresa y aun no se termina, por ello como nueva administración ahora tomamos el inmueble para hacer una revisión física del avance que se deja, hoy estamos haciendo una recisión de contrato donde haremos uso de las penas convencionales, las cuales se aplicarán. La obra es de un monto de 54 millones de pesos pero el avance físico es de 39 por ciento”, explicó el secretario de obra pública, Andrés Vicens.
Al realizar el recorrido se observó la falta de plafones, instalaciones eléctricas, no se cuentan con acabados, no tiene pisos pese a que se pagó el cien por ciento así como del equipamiento en diversas áreas, además de que falta la construcción de dos edificios y no se realizó el bardeado perimetral, por lo que se procederá contra los responsables.
“Una vez que se concluya este procedimiento se comenzará a deslindar responsabilidades y de encontrarse que algún funcionario haya actuado de mala manera se realizará el proceso sancionatorio. Hay una responsabilidad del edil porque cuando encabezas una administración sabes que es lo que pasa, tienes una responsabilidad pero no podría asegurar quienes son los principales involucrados hasta que se concluya la investigación”, abundó el contralor municipal, Víctor Manuel Carral.
