El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, descartó el haber sido presionado por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para hacer público el proyecto de sentencia en dónde solicita anular la elección a gobernador por el estado de Puebla.
Durante la inauguración de la Segunda Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral, celebrada en Cancún, Quintana Roo, el magistrado explicó que el objetivo de hacer público el proyecto es para evitar cualquier tipo de presión e injerencia en los días sucesivos en que se va a discutir el asunto.
Aseveró que en su caso no ha habido presiones para tomar esa decisión, ya que en anteriores decisiones la Sala Superior ha hecho públicos proyectos, como la elección de Colima en 2015, y es decisión del ponente publicitarla.
Reconoció que esta decisión podría generar polémica, pero rechazó que esto confrontará a los demás magistrados, pues se trata de una sentencia tan relevante que es normal que exista diferentes ópticas; además, consideró normal que los actores afectados se manifiesten a favor o en contra de su propuesta.
Insistió que no recibió presiones del nuevo gobierno, al recordar que hasta el momento él no se ha reunido con el presidente.
“Ni siquiera fuimos convocados a la toma de protesta, dónde va a estar la presión. No hay tal cosa, yo no he tenido mayor vínculo con los nuevos actores de gobierno, hemos recibido en una ocasión a la ministra Olga Sánchez Cordero que fue a visitarnos, en una plática abierta y en su rol en ese entonces de futura secretaria de Gobernación. Más allá de eso no hemos tenido mayor contacto, es una decisión que tomo con absoluta responsabilidad del caso, a veces les toca a unos ganar y a otros perder”, señaló.
De aprobarse el proyecto del magistrado Vargas Valdez por la Sala Superior, las elecciones extraordinarias serían dentro de los próximos dos meses después de la notificación, además de que serán organizadas por el Instituto Nacional Electoral, ya que para ese entonces no habría consejeros electorales estatales ya que el Tribunal Electoral también pediría su destitución.
