La industria de la construcción está enfrentando una serie de costos relacionados con la inseguridad que están afectando el valor de la producción, tanto de obra pública como de obra privada, advirtió el presidente de la CMIC Puebla, José Antonio Hernández González.
La inseguridad representa un sobre costo de alrededor del dos por ciento de las obras ejecutadas, en función de los presupuestos que se tienen que destinar para la contratación de cuerpos de seguridad, sin considerar afectaciones como el robo de materiales y de maquinaria, abundó.
El presidente de la delegación Puebla de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), señaló que los montos de los quebrantos rebasan 15 millones de pesos en el caso de cinco casos documentados.
Los equipos más robados van desde revolvedoras hasta apisonadoras con valores de mercado de 50 mil pesos.
En paralelo un constructor sufrió el robo de un millón de pesos que se destinaría al pago de nóminas.
Las empresas también son sujetas de extorsiones y chantajes, no se puede hablar de un «cobro o derecho de piso”, sin embargo, son cada vez más frecuentes las llamadas telefónicas para extorsionar o chantajear, tanto a empresarios como a empleados, pidiéndoles depósitos bancarios, sumando al menos de dos a tres casos mensuales, aunque noviembre alcanzó un rebote al alza.
Tan sólo en el mes de noviembre llegaron a registrarse 70 llamadas de extorsión a empresarios del sector, en tanto que se contabilizan 40 robos de maquinaria a industriales en 2018, con mayor incidencia en Puebla, San Martín Texmelucan y Huauchinango.
Incluso en algunos casos de chantaje se han hecho pasar por mi persona, reveló el presidente de la CMIC Puebla.
Subrayó que existe especial interés por parte de las empresas para que los casos sean atraídos por la Fiscalía y no se queden sin resolución.
También confirmó existe especial interés en cursos de capacitación parea empresas por parte de personal especializado para hacer frente a estos y otros ilícitos, en función de medidas como la forma de conducirse en caso de chantaje, extorsión y secuestro.
