Ciudad de México. En menos de 15 días, de nueva cuenta Puebla sale a relucir como la cuarta entidad con el mayor número de feminicidios en el país.
Durante el Segundo Foro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, que se celebró en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara Baja, Elizabeth Díaz García, señaló que los estados con los índices más altos de feminicidios son: Veracruz con 46; estado de México, 21; Sonora, 20; Puebla, 15; Nuevo León, 13; Jalisco y Chihuahua, 11, respectivamente.
En su ponencia “El feminicidio en México”, la congresista por Morena, refirió que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo de 2019 se cometieron 227 feminicidios, un promedio de 10 por día, y se registran 637 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso.
La legisladora también manifestó su preocupación por el robo de niñas y adolescentes que está ligado, en el 70 por ciento, a la explotación sexual. Mencionó que en Ecatepec se tienen reportes de niñas robadas todos los días.
Informó que en la Comisión de Igualdad de Género se trabaja para reforzar los marcos jurídicos y redactar leyes que erradiquen la violencia en contra de las mujeres. Es por ello, que anunció que promueve una Ley General contra el Feminicidio, a fin de contar con una norma clara, precisa y que englobe todas las acciones para erradicar esta violencia.
Resaltó la necesidad de realizar acciones gubernamentales que atiendan la problemática; por ello, señaló, desde la Presidencia de la República se impulsará el Plan emergente para garantizar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México. El objetivo es asumir como problema de Estado la prevención, sanción, reparación del daño, erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, así como colocar en el máximo nivel de decisión esta responsabilidad.
Invitó a seguir trabajando en el Legislativo para que “un día nacer niña en este país deje de ser un peligro mortal”. Expresó su compromiso con las mujeres para realizar acciones tendentes a buscar la erradicación, sanción y reparación del daño para las víctimas de violencia.
De la organización no gubernamental La Cabaña de la Sabiduría, AC, Grisell Pérez Rivera, señaló que es necesario homologar las leyes generales de Víctimas, con la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la de Igualdad para Mujeres y Hombres, la de Desaparición Forzada, Desaparición Forzada por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, para cumplir las recomendaciones urgentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuales deben acatarse a un año, de lo contrario México quedará fuera de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Por su parte, la consultora independiente, Mariana Franco González, en su ponencia, «Feminicidio, conjunto de violaciones a derechos humanos», expresó que este delito representa la fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad, por lo que es un crimen de Estado.
Lamentó que a pesar de la recomendación y acciones para impedir que estos casos sucedan, se repiten; por ello, urgió a analizar las políticas públicas y los presupuestos que ya se han aplicado; es decir, si tienen que ser reforzados para dar continuidad a esta lucha.
Se pronunció por atacar tanto la impunidad como la falta de acceso a la justicia, porque “estos casos se siguen presentando y, esto es por la feminización de la pobreza; no hay datos de cuántas mujeres están en ella; se debe acabar con la desigualdad de género, a efecto de tener un mecanismo de no repetición a violaciones a derechos humanos”.
Al abordar el tema “La indolencia, un camino al feminicidio», Gabriela Amores, abogada feminista, puntualizó que en el país se registran 10 asesinatos de mujeres al día; 80 por ciento del feminicidio es a causa del esposo o novio, y la violencia familiar está en números rojos y no se ha visualizado para decir que también es un paso al feminicidio.
Pidió dar cumplimiento al artículo 20 constitucional, porque muchas mujeres son violentadas en los juzgados familiares y las fiscalías por servidores públicos que carecen de perspectiva de género. “Estamos cansadas de las agresiones; no podemos seguir siendo sólo páginas en los diarios; exijo justicia para todas nosotras”.
