Ciudad de México. Ante la posible privatización del servicio de agua potable en San Martín Texmelucan, la diputada federal de Morena, Graciela Zavaleta Sánchez, pidió a la presidenta municipal, María Norma Layón Aarún, haga del conocimiento público el estado de la operación y administración del sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado» del ayuntamiento (Sosapatex).
La legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional, recordó que en días pasados, la alcaldesa presentó una iniciativa para abrogar el decreto que crea el Organismo Descentralizado “Sistema Operador de los Servicios de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin Texmelucan, con lo cual «existe una potencial violación a los Derechos Humanos, ante la posible privatización del sistema operador de agua potable».
De acuerdo a la iniciativa impulsada por el ayuntamiento de San Martín Texmelucan ante el Congreso del Estado, esta omite a los consejos ciudadanos de juntas auxiliares en el manejo del agua y facilita contratos con empresas. En el documento, Norma Layón Aarún, plantea crear un nuevo organismo descentralizado para operar vital líquido en el municipio y derogar el decreto del Sosapatex, promulgado en 1995.
Cabe señalar que aunque se mantiene el nombre de Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Texmelucan (abreviado hasta ahora como Sosapatex), los cambios relevantes se enfocan en el consejo de administración, integrado sólo por funcionarios municipales y presidido por el acalde en turno, quien detenta la facultad de nombrar y remover al director.
La secretaría de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, exigió que con el objetivo de «respetar, promover y proteger el derecho humano al agua conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario aclarar la situación que atraviesa San Martín Texmelucan, al no existir una postura clara respecto a los alcances de la iniciativa presentada por la presidenta municipal.
Consideró que con esta medida el agua se privatizará y con ello se les elevará el costo del servicio, lo que desencadenaría una clara violación a lo derechos humanos de los pobladores de la región.
